Judicial
Norman Quijano reitera su inocencia tras acusaciones de la FGR: «Soy víctima del poder»
Luego de conocer las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo en contra del diputado Norman Noel Quijano González, finalmente el diputado tricolor hizo un pronunciamiento público en conferencia de prensa, sobre los graves señalamientos, sin embargo, finalizado su discurso, evitó responder las preguntas de los periodistas.
El parlamentario aseguró que es «víctima del poder» y que esta dispuesto en enfrentar el juicio con la frente en alto.
En ese sentido, el parlamentario dijo que desde un principio ha dicho que se trata de un «teatro» e incluso cuestionó la seriedad de la acusación que en su contra hace la Fiscalía General de la República (FGR), donde lo señala de haber negociado con las pandillas en los procesos electorales del 2014 y del 2015.
El legislador recriminó al titular del ministerio público porque “todo el requerimiento se centra en las palabras de un criminal”.
Quijano González aseveró, que su caso forma parte de una «conjura» de parte del gobierno e incluso reiteró, que nunca negoció con pandilleros, que nunca busco ningún beneficio particular y menos quiso alterar el resultado de las elecciones del 2014 y 2015.
“Nunca financié y nunca toqué un centavo durante la campaña presidencial”, afirmó el político tricolor.
De igual forma señaló, que durante su campaña presentó una serie de propuestas o plan de gobierno a todo ciudadano que quiso escuchar su planteamiento, lo que se reunió con diferentes sectores de la vida nacional, que incluyó a campesinos, cafetaleros, maestros, médicos, personas humildes y con pastores.
“Me reuní con varios sectores, pastores, profesionales de la salud, campesinos y todo se ha centrado en un video donde me reuní con la Red de Pastores”, reprochó el diputado tricolor, al mismo tiempo que descalificó las palabras del testigo criteriado clave “Noé”.
“Nunca me he inmutado, siempre he dado la cara ante ustedes la prensa. Eso es porque no tengo nada que ocultar, tengo mi conciencia tranquila», remarcó el diputado Quijano que evitó responder las preguntas de la prensa que quería profundizar en los señalamientos que enfrenta.
El expresidente de la Asamblea Legislativa afirmó que enfrentará el proceso de antejuicio “con la frente en alto”, aunque no especificó si pedirá que se le quite el fuero constitucional para demostrar si sus declaraciones son ciertas en los tribunales de justicia
Sobre Guillemo Gallegos se limitó a decir que no hablaría en mal de él, ya que la gente debe recordar la imagen que él se ha construido durante su trayectoria política, lo cual “dice más de lo que yo pueda hablar. Recuerden que él también se ofreció en formar parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
