Judicial
Ministro Pablo Anliker logra sanción para personas involucradas en sacrificio de un perro
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, con el apoyo de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades municipales de San Luis La Herradura, presentó la acusación formal de las personas involucradas en el sacrificio de un perro dentro de un centro recreativo de la Costa del Sol.
El titular logró que los tres sujetos involucrados y denunciados por maltrato animal fueran sancionados con la multa más alta por violar la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía.
El ministro de, Pablo Anliker, entregó al alcalde de San Luis La Herradura, Napoleón Armando Iraheta, y autoridades municipales documentos con los que denuncia ahorcamiento de un perro.
«A petición del Ministro, nosotros actuamos e investigamos el caso del sacrificio de un perro dentro de un centro recreativo de la Costa del Sol. La investigación concluyó con tres personas involucradas», Hugo Bonilla, Comisionado de la Policía Nacional Civil.
El Ministro Anliker, pide al alcalde, Napoleón Armando Iraheta, que se ejecute la máxima sanción de cuatro salarios mínimos para el sector comercio, que rondan los $1,200. Hay tres implicados, pero será la municipalidad que definirá a los sancionados.
El Ministro Pablo Anliker, ha manifestado que habilitará una línea telefónica para denuncias a nivel nacional, contra el abuso de animales.
Como parte del #PlanCuscatlán, se ejecutará un programa para rescatar animales en peligro, en especial a perros caseros y en condición indigente, explicó.
Por su parte, el alcalde Napoleón Armando Iraheta ha puesto a disposición el número telefónico 2365-0050, 24/7, para denunciar en el municipio San Luis La Herradura, agresiones contra animales.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
