Judicial
Miembro de la Mara Salvatruchas le quita la vida a una de sus colaboradoras porque creía que era informante de la PNC
A cumplir una condena de 20 años en prisión fue enviado un miembro de la “Mara Salvatrucha”, por haber causado la muerte a una mujer, quien era colaboradora de la misma estructura, según el fallo dictado por un juez de San Salvador, luego de haberlo declarado culpable. El crimen fue consumado en una zona de difícil acceso en Ciudad Delgado en el año 2016.
Así lo informó la Unidad Fiscal Especializada Antihomicidios, la cual identificó al imputado como Onner Oswaldo Fernández Meléndez, alias “Piojo uno”, quien enfrentó el delito de Homicidio Agravado.
La víctima respondía al nombre de Rosa Arely Rivera, por cuyo hecho fue instalada la vista pública, a cargo del Tribunal Primero de Sentencia de esta ciudad.
La fiscal del caso fundamentó su acusación con suficiente prueba de tipo documental, pericial y testimonial con la cual pudo comprobar que el acusado causó la muerte a la víctima y para lo cual utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros.
El hecho ocurrió el 28 de mayo de 2016, en las riberas de un río del cantón Los Llanitos en Ciudad Delgado, lugar hasta el cual fue llevado con engaños por el sujeto y quien posteriormente cometió el hecho.
Durante la audiencia, la fiscal estableció que Fernández Meléndez, cometió la acción criminal porque los demás miembros creían que la víctima era informante de la Policía.
Luego del fallo condenatorio, el imputado fue llevado a un centro carcelario del país en donde cumplirá la pena aplicada.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
