Judicial
Mecafé es condenado a ocho años por lavar dinero
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» es un lavador de dinero y deberá pasar ocho años en prisión. Así lo ha definido el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en la condena emitida por unanimidad.
La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima de 12 años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, pero el tribunal colegiado decidió imponerle ocho.
El juez Mauricio Marroquín Medrano le dijo a Mecafé. «Para este tribunal no hay ninguna duda que usted ha cometido el delito y debo hacer un juicio de culpabilidad y no tenemos ninguna duda que usted cometió este delito».
En el fallo, el juez mencionó que con las pruebas presentadas en la vista pública no dejó ninguna duda sobre el blanqueo de capitales que cometió «Mecafé», quien fue uno de los amigos más cercanos del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y quien fue separado de esta causa penal en la fase de instrucción.
«Nadie puede obtener provecho económico ni de otra índole derivado del cometimiento de hechos delictivos», expresó Marroquín Medrano.
Por unanimidad los jueces dejaron claro que en este caso hay actos de corrupción precedentes a nivel indiciario», agregó el juzgador.
El tribunal resolvió que en el juicio hubo incriminaciones directas contra Menéndez Avelar, mediante testimonios rendidos. Uno de esos fue el del testigo criteriado, Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco S.A.).
El empresario guatemalteco, llegó a confirmar que Miguel Menéndez Avelar, le pidió el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro, ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
«Mecafé», tiene pendiente otras dos causas penales por delitos de corrupción, es procesado por el caso conocido como «Saqueo Público» y «El Chaparral».
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, le probó al tribunal que a la constructora se le adjudicó de forma irregular el contrato de diseño y construcción del puente en el kilómetro 75 de la ruta vial que conecta la zona sur occidental con la zona norte del país.
Según el ministerio público, «Mecafé» y Mauricio Funes, tomaron posesión y utilizaron la aeronave que les regaló Jaime Ramón Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública los fiscales acreditaron los viajes familiares que Funes y Menéndez Avelar hicieron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
En el itinerario de vuelo, fueron documentados 16 viajes que Mauricio Funes hizo a seis destinos, entre el 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014, mientras que «Mecafé» efectuó 47 vuelos a siete destinos entre el 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre del año 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
