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Mecafé es condenado a ocho años por lavar dinero
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» es un lavador de dinero y deberá pasar ocho años en prisión. Así lo ha definido el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en la condena emitida por unanimidad.
La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima de 12 años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, pero el tribunal colegiado decidió imponerle ocho.
El juez Mauricio Marroquín Medrano le dijo a Mecafé. «Para este tribunal no hay ninguna duda que usted ha cometido el delito y debo hacer un juicio de culpabilidad y no tenemos ninguna duda que usted cometió este delito».
En el fallo, el juez mencionó que con las pruebas presentadas en la vista pública no dejó ninguna duda sobre el blanqueo de capitales que cometió «Mecafé», quien fue uno de los amigos más cercanos del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y quien fue separado de esta causa penal en la fase de instrucción.
«Nadie puede obtener provecho económico ni de otra índole derivado del cometimiento de hechos delictivos», expresó Marroquín Medrano.
Por unanimidad los jueces dejaron claro que en este caso hay actos de corrupción precedentes a nivel indiciario», agregó el juzgador.
El tribunal resolvió que en el juicio hubo incriminaciones directas contra Menéndez Avelar, mediante testimonios rendidos. Uno de esos fue el del testigo criteriado, Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco S.A.).
El empresario guatemalteco, llegó a confirmar que Miguel Menéndez Avelar, le pidió el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro, ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
«Mecafé», tiene pendiente otras dos causas penales por delitos de corrupción, es procesado por el caso conocido como «Saqueo Público» y «El Chaparral».
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, le probó al tribunal que a la constructora se le adjudicó de forma irregular el contrato de diseño y construcción del puente en el kilómetro 75 de la ruta vial que conecta la zona sur occidental con la zona norte del país.
Según el ministerio público, «Mecafé» y Mauricio Funes, tomaron posesión y utilizaron la aeronave que les regaló Jaime Ramón Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública los fiscales acreditaron los viajes familiares que Funes y Menéndez Avelar hicieron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
En el itinerario de vuelo, fueron documentados 16 viajes que Mauricio Funes hizo a seis destinos, entre el 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014, mientras que «Mecafé» efectuó 47 vuelos a siete destinos entre el 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre del año 2016.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
