Judicial
Mecafé es condenado a ocho años por lavar dinero
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» es un lavador de dinero y deberá pasar ocho años en prisión. Así lo ha definido el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en la condena emitida por unanimidad.
La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima de 12 años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, pero el tribunal colegiado decidió imponerle ocho.
El juez Mauricio Marroquín Medrano le dijo a Mecafé. «Para este tribunal no hay ninguna duda que usted ha cometido el delito y debo hacer un juicio de culpabilidad y no tenemos ninguna duda que usted cometió este delito».
En el fallo, el juez mencionó que con las pruebas presentadas en la vista pública no dejó ninguna duda sobre el blanqueo de capitales que cometió «Mecafé», quien fue uno de los amigos más cercanos del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y quien fue separado de esta causa penal en la fase de instrucción.
«Nadie puede obtener provecho económico ni de otra índole derivado del cometimiento de hechos delictivos», expresó Marroquín Medrano.
Por unanimidad los jueces dejaron claro que en este caso hay actos de corrupción precedentes a nivel indiciario», agregó el juzgador.
El tribunal resolvió que en el juicio hubo incriminaciones directas contra Menéndez Avelar, mediante testimonios rendidos. Uno de esos fue el del testigo criteriado, Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco S.A.).
El empresario guatemalteco, llegó a confirmar que Miguel Menéndez Avelar, le pidió el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro, ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
«Mecafé», tiene pendiente otras dos causas penales por delitos de corrupción, es procesado por el caso conocido como «Saqueo Público» y «El Chaparral».
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, le probó al tribunal que a la constructora se le adjudicó de forma irregular el contrato de diseño y construcción del puente en el kilómetro 75 de la ruta vial que conecta la zona sur occidental con la zona norte del país.
Según el ministerio público, «Mecafé» y Mauricio Funes, tomaron posesión y utilizaron la aeronave que les regaló Jaime Ramón Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública los fiscales acreditaron los viajes familiares que Funes y Menéndez Avelar hicieron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
En el itinerario de vuelo, fueron documentados 16 viajes que Mauricio Funes hizo a seis destinos, entre el 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014, mientras que «Mecafé» efectuó 47 vuelos a siete destinos entre el 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre del año 2016.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
