Judicial
Mecafé es condenado a ocho años por lavar dinero
Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» es un lavador de dinero y deberá pasar ocho años en prisión. Así lo ha definido el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en la condena emitida por unanimidad.
La Fiscalía General de la República había solicitado la pena máxima de 12 años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, pero el tribunal colegiado decidió imponerle ocho.
El juez Mauricio Marroquín Medrano le dijo a Mecafé. «Para este tribunal no hay ninguna duda que usted ha cometido el delito y debo hacer un juicio de culpabilidad y no tenemos ninguna duda que usted cometió este delito».
En el fallo, el juez mencionó que con las pruebas presentadas en la vista pública no dejó ninguna duda sobre el blanqueo de capitales que cometió «Mecafé», quien fue uno de los amigos más cercanos del expresidente prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y quien fue separado de esta causa penal en la fase de instrucción.
«Nadie puede obtener provecho económico ni de otra índole derivado del cometimiento de hechos delictivos», expresó Marroquín Medrano.
Por unanimidad los jueces dejaron claro que en este caso hay actos de corrupción precedentes a nivel indiciario», agregó el juzgador.
El tribunal resolvió que en el juicio hubo incriminaciones directas contra Menéndez Avelar, mediante testimonios rendidos. Uno de esos fue el del testigo criteriado, Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco S.A.).
El empresario guatemalteco, llegó a confirmar que Miguel Menéndez Avelar, le pidió el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro, ubicado entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
«Mecafé», tiene pendiente otras dos causas penales por delitos de corrupción, es procesado por el caso conocido como «Saqueo Público» y «El Chaparral».
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, le probó al tribunal que a la constructora se le adjudicó de forma irregular el contrato de diseño y construcción del puente en el kilómetro 75 de la ruta vial que conecta la zona sur occidental con la zona norte del país.
Según el ministerio público, «Mecafé» y Mauricio Funes, tomaron posesión y utilizaron la aeronave que les regaló Jaime Ramón Aparicio Mejía, entre los años 2013 y 2016.
En la vista pública los fiscales acreditaron los viajes familiares que Funes y Menéndez Avelar hicieron a Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, incluso alquilaron el avión por $1,300 la hora.
En el itinerario de vuelo, fueron documentados 16 viajes que Mauricio Funes hizo a seis destinos, entre el 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014, mientras que «Mecafé» efectuó 47 vuelos a siete destinos entre el 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre del año 2016.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
