Judicial
Mandan a la cárcel a conductor que embistió a gestor de tránsito en Soyapango
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó detención provisional para Yohalmo Enrique Rivera, quien es acusado de intento de homicidio y conducción peligrosa en perjuicio de un gestor de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT).
La decisión fue dada a conocer la mañana de este lunes tras concluir la audiencia inicial en el referido juzgado, según confirmó el fiscal del caso.
«La señora jueza valoró transitar el proceso a la etapa de Instrucción con la medida cautelar de la detención provisional del imputado mandándolo al centro penal de Mariona», explicó el representante del ministerio público.
El fiscal comentó que la acusación en contra de Rivera tiene como fundamento «la declaración de la víctima que narra la forma en cómo sucede los hechos, la prueba documental que establece el lugar, el álbum fotográfico y la prueba pericial en la que se determina por diferentes videos el modo en que el imputado realiza la acción de querer arrollar al gestor de tráfico».
Los hechos por los cuales es señalado Rivera ocurrieron el pasado 8 de marzo luego que en redes sociales se difundiera un video que muestra a Yohalmo Rivera embistiendo a un gestor de tránsito quien primero le indica que no podía hacer un giro a la izquierda, y luego de no atender la indicación, lo arrolla con su vehículo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Rivera buscaba incorporarse de la avenida Rosario Sur, en Soyapango, al bulevar del Ejército frente al Centro Comercial Plaza Soyapango. En ese momento, el gestor le indicó que no era permitida esa maniobra y que para evitar ese cruce habían colocado varios conos.
Sin embargo, en un arranque de violencia, Rivera se pasó llevando el cono, al tiempo que embistió al gestor, al punto que para evitar sufrir lesiones la víctima tuvo que aferrarse con fuerza a los limpiavidrios para no caer mientras el vehículo era acelerado.
Todo quedó filmado en las cámaras de seguridad instaladas en el sector; tras hacerse pública la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) logró ubicar al sujeto y lo arrestó.
Al respecto, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, expresó en esa misma ocasión: «Ninguna multa, por alta que sea, será suficiente para reparar el daño emocional que la víctima sufrió, por este caso, por lo que ha sido escalado al ámbito penal por el delito de intento de homicidio».
Con la detención provisional de Rivera, el fiscal del caso advirtió al resto de conductores a que respeten la vida de los gestores de tránsito que lo único que buscan es ordenar el caos vehicular a través del cumplimiento de la normativa vial.
«El mensaje es claro en que se debe de respetar la Ley de Tránsito, se debe de respetar, sobre todo, la vida de las personas que están apoyando a la población salvadoreña en cuando a la regulación de tráfico y que no se sigan dando este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los gestores de tráfico y a los terceros porque también pudo resultar como víctima otro vehículo u otra persona», expresó este lunes el fiscal del caso.
Judicial
Dos pandilleros son condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos agentes de la PNC en Santa Ana
Los terroristas identificados como Edwin Armando Ramos Sandoval, de 34 años, y Miguel Antonio Martínez Guevara, de 26, fueron arrestados a inicios de marzo de 2020.
De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2019, en la calle Libertad oriente y 25.ª avenida sur, en el barrio San Rafael, en Santa Ana, a una cuadra del turicentro Sihuatehuacán, los policías se conducían en una motocicleta cuando Ramos Sandoval y Martínez Guevara los atacaron a balazos desde un vehículo.
Los elementos de la corporación policial sobrevivieron al ataque y fueron trasladados al hospital San Juan de Dios donde murieron cuando los doctores los atendían.
Las víctimas fueron identificadas como José Osmín Menéndez, de 49 años, y Óscar Armando Bojórquez Ramírez, de 46.
Según la FGR, durante el juicio se logró que el juez segundo de Sentencia de Santa Ana, validara la prueba que presentaron los fiscales del caso, que estableció la participación de los pandilleros en el ataque.
Al final, el Juzgado impuso la pena máxima a cada procesado, que recibieron una condena de 50 años de prisión por cada homicidio y pasarán 100 años en la cárcel.
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, en Cuscatlán, condenó a 32 años de prisión a Cecilio Martínez Álvarez por el delito de violación y agresión sexual en menor e incapaz.
Según fiscales de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la oficina de Cojutepeque, durante la vista pública se comprobó la participación del imputado en perjuicio de dos víctimas.
«Logramos demostrar en la etapa de juicio la participación delincuencial de este sujeto y los vejámenes a los que sometió a las menores durante mucho tiempo sin que la progenitora hiciera nada al respecto, pese a que [las víctimas] se lo dijeron antes de iniciar el proceso judicial», dijo la fiscal del caso.
En la misma resolución se dictó condena de un año de prisión para la madre de las víctimas por abandono y desamparo. La pena será sustituida por labores de utilidad pública.
Cuando salía a trabajar, la mujer dejaba a merced del violador a las menores de edad, indicó el ministerio público. Martínez Álvarez cometió los hechos en el municipio de Candelaria, donde las víctimas convivían con el agresor.
La unidad especializada de delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República logró condenar a siete miembros de la pandilla Barrio 18 por el delito de Extorsión Agravada, modalidad continuada, en perjuicio una víctima protegida.
Los sentenciados son:
Nancy Patricia Santos Cruz, Yenmy Adilene Alvarado Peña, Carmen Lucía Palacios Quintanilla, Silvia Aracely Sarmiento Vásquez,
Jennifer Eneyda Paredes López, Nerys Edgardo Morales. Todos condenados a 20 años de prisión por el Ilícito en mención. Mientras que Jonhy Stanley Garcia Rosales fue sentenciado a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados eran los encargados de recoger el dinero proveniente de la Extorsión, que otros miembros de la misma pandilla exigían a comerciantes y empresarios de la zona norte del departamento de La Libertad y sur poniente de Sonsonate.
Los hechos ocurrieron durante todo el año 2019, en los municipios de Colón, Sacacoyo, Santa Tecla, departamento de La Libertad; y Armenia, Sonsonate.
El juez 1° de sentencia de Santa Tecla validó toda prueba presentada por los fiscales del caso y decidió imponer la pena máxima establecida para el delito de Extorsión a cada imputado.
