Judicial
Mandan a juicio a dos acusados de matar a un conductor de microbús
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra de los supuestos pandilleros Carlos David G. R. y Víctor Edwin M. M., ambos acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima Diego, de 32 años de edad.
Según el proceso, el 16 de julio de 2020 a eso de las 07:50 p.m., la víctima conducía un microbús de transporte de personal privado, a la altura de la colonia San José, del municipio de Soyapango, cuando un aproximado de diez sujetos le hicieron parada al microbús. Uno de ellos se le acercó al conductor, le pidió dinero y el celular para revisar de donde era.
Al revisar el celular le dijo que era de la mara contraria Mao Mao y que por eso lo iban a matar, lo bajaron del microbús y se lo llevaron hacia un predio baldío, mientras que las otras cuatro personas que lo acompañaban se quedaron dentro ya que los otros sujetos les dijeron que como eran de la zona de AltaVista, no les pasaría nada.
En eso instantes llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y les manifestaron que unos sujetos se habían llevado al conductor del microbús para matarlo.
Luego de haber coordinado la búsqueda lograron dar con la víctima, en un predio baldío cercano en el reparto San José, muerto a causa de impactos de proyectil en su cabeza y tórax.
Según la fiscalía, con ayuda de peritos se logró detectar huellas dactilares en la puerta corrediza del microbús, que concuerdan con los ahora imputados, por lo que fueron capturados con orden administrativa.
La juzgadora, decidió enviar el caso a la etapa de juicio considerando que existen elementos suficientes para ser analizados en la etapa de sentencia y sea ahí que se determine la situación jurídica de los ahora acusados, mientras tanto deberán mantenerse en detención provisional.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
