Judicial
Mandan a juicio a dos acusados de matar a un conductor de microbús
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra de los supuestos pandilleros Carlos David G. R. y Víctor Edwin M. M., ambos acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima Diego, de 32 años de edad.
Según el proceso, el 16 de julio de 2020 a eso de las 07:50 p.m., la víctima conducía un microbús de transporte de personal privado, a la altura de la colonia San José, del municipio de Soyapango, cuando un aproximado de diez sujetos le hicieron parada al microbús. Uno de ellos se le acercó al conductor, le pidió dinero y el celular para revisar de donde era.
Al revisar el celular le dijo que era de la mara contraria Mao Mao y que por eso lo iban a matar, lo bajaron del microbús y se lo llevaron hacia un predio baldío, mientras que las otras cuatro personas que lo acompañaban se quedaron dentro ya que los otros sujetos les dijeron que como eran de la zona de AltaVista, no les pasaría nada.
En eso instantes llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y les manifestaron que unos sujetos se habían llevado al conductor del microbús para matarlo.
Luego de haber coordinado la búsqueda lograron dar con la víctima, en un predio baldío cercano en el reparto San José, muerto a causa de impactos de proyectil en su cabeza y tórax.
Según la fiscalía, con ayuda de peritos se logró detectar huellas dactilares en la puerta corrediza del microbús, que concuerdan con los ahora imputados, por lo que fueron capturados con orden administrativa.
La juzgadora, decidió enviar el caso a la etapa de juicio considerando que existen elementos suficientes para ser analizados en la etapa de sentencia y sea ahí que se determine la situación jurídica de los ahora acusados, mientras tanto deberán mantenerse en detención provisional.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
