Judicial
Mandan a juicio a dos acusados de matar a un conductor de microbús
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra de los supuestos pandilleros Carlos David G. R. y Víctor Edwin M. M., ambos acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima Diego, de 32 años de edad.
Según el proceso, el 16 de julio de 2020 a eso de las 07:50 p.m., la víctima conducía un microbús de transporte de personal privado, a la altura de la colonia San José, del municipio de Soyapango, cuando un aproximado de diez sujetos le hicieron parada al microbús. Uno de ellos se le acercó al conductor, le pidió dinero y el celular para revisar de donde era.
Al revisar el celular le dijo que era de la mara contraria Mao Mao y que por eso lo iban a matar, lo bajaron del microbús y se lo llevaron hacia un predio baldío, mientras que las otras cuatro personas que lo acompañaban se quedaron dentro ya que los otros sujetos les dijeron que como eran de la zona de AltaVista, no les pasaría nada.
En eso instantes llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y les manifestaron que unos sujetos se habían llevado al conductor del microbús para matarlo.
Luego de haber coordinado la búsqueda lograron dar con la víctima, en un predio baldío cercano en el reparto San José, muerto a causa de impactos de proyectil en su cabeza y tórax.
Según la fiscalía, con ayuda de peritos se logró detectar huellas dactilares en la puerta corrediza del microbús, que concuerdan con los ahora imputados, por lo que fueron capturados con orden administrativa.
La juzgadora, decidió enviar el caso a la etapa de juicio considerando que existen elementos suficientes para ser analizados en la etapa de sentencia y sea ahí que se determine la situación jurídica de los ahora acusados, mientras tanto deberán mantenerse en detención provisional.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
