Judicial
Madre denuncia a su hija mayor por golpear a hermanitos cuando los dejaba a su cargo, en San Salvador
El Juzgado 12° de Paz de San Salvador resolvió Instrucción sin medidas contra Valeria Guadalupe Guerrero Pineda, de 20 años de edad, por el delito de desobediencia de medidas cautelares en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente de la señora Xiomara Pineda Morales (madre de la acusada) en representación de sus dos hijos menores de edad (hermanos de la acusada).
Según la relación circunstancial de los hechos Valeria Guerrero desde muy temprana edad, era la encargada de cuidar a sus hermanos menores, pero los golpeaba y los maltrataba psicológicamente, por eso su madre la denunció y meses atrás le interpusieron medidas cautelares para la protección de la niñez, dentro de las cuales incluía no acercarse al lugar de vivienda de los menores.
El pasado 9 de noviembre del presente los niños le realizaron una llamada telefónica a su madre Xiomara Pineda para informarle que su hermana mayor Valeria Guerrero, estaba golpeándolos y hostigándolos, por esta razón la denunció por desobediencia de medidas cautelares.
En audiencia inicial, al brindar detalles de la violencia que Valeria ejercía sobre los niños, abusando de su poder de hermana mayor, la juzgadora 12° de Paz decidió agregar cargos por violencia intrafamiliar y resolvió que el proceso continúe en su siguiente fase, para un estudio exhaustivo de los hechos y que FGR pueda solicitar peritajes correspondientes y presentar pruebas en fase de instrucción.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
