Judicial
Lorena Peña habría amenazado a auditores de la CCR para parar investigación en caso Sigfrido Reyes
Uno de los fiscales asignados al proceso contra Othon Sigfrido Reyes Morales, su esposa Susy Rodríguez y doce personas más acusados de lavado de dinero, peculado y por estafa agravada, confirmó que la expresidenta de la Asamblea Legislativa del partido FMLN, Lorena Peña, amenazó a auditores de Corte de Cuentas de la República (CCR) para que no siguieran investigación en contra Reyes Morales.
En la audiencia inicial, el funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que la exparlamentaria mandó un mensaje de amenaza a los auditores de Corte de Cuentas que realizaron los hallazgos sobre los viajes de Sigfrido Reyes.
Según el fiscal, Lorena Peña utilizó al expresidente de Corte de Cuentas de la República, Gregorio Sánchez Trejo, para llevar un mensaje a los auditores de CCR y en el cual les decía: «Si siguen con esa línea, van a conocer el poder político».
El anuncio fue realizado en horas de la noche de este lunes antes de concluir el primer día de la audiencia inicial contra diez reos presentes y cuatro ausentes.
Los fiscales asignados al caso piden que el proceso pase a la siguiente etapa del proceso y que todos guarden prisión por existir peligro de fuga.
Los capturados son: Susi Melba Guadalupe Rodríguez, esposa de Sigfrido Reyes; Sonia Inés Morales Rivas de Larrazabal, Kevin Mauricio Larrazabal Morales y Manuel Antonio Berncian Castro, Rene Antonio Diaz Argueta, gerente general del IPSFA; Delmy Beatriz Vela Jiménez, jefe del departamento de inmuebles del IPSFA y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora ventas del departamento de inmuebles del IPSFA.
También figura Noemi Candelaria Rodríguez de Carillo, subdirectora de auditoría 1 de Corte de Cuentas de la República (CCR); Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández, auditores de CCR.
Los prófugos de la justicia son: Othon Sigfrido Reyes Morales, Earl René Reyes Morales, Byron Enrique Larrazabal Arévalo y Karla Beatriz Recinos Ramírez.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
