Judicial
Jovencita es contratada para tener intimidad con un hombre sin sospechar que sería su fin
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a 40 años de prisión a Melvin Josué Perdomo Ramírez, acusado del delito de feminicidio agravado.
Las autoridades informaron que el asesinato por el cual fue sentenciado el imputado, ocurrió el 16 de julio de 2016 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, lugar donde él residía.
Durante el fallo que emitió la jueza del caso, fue evidenciado que el criminal actuó con “odio, desprecio y discriminación hacia la joven” víctima, según expusieron las autoridades.
Las investigaciones en torno al caso revelaron que Perdomo Ramírez, de 29 años y quien fuera militar, contactó a la víctima por medio de terceros para solicitar de sus servicios sexuales.
A la joven le habrían ofrecido $60 para que supuestamente realizara este tipo de servicios, se informó que la víctima fue contactada por medios de mensajes a su WhatsApp donde le explicaron que irían por ella a Ilobasco, Cabañas.
Ese 16 de julio de 2016, cuando Perdomo Ramírez estaba con la joven demostró un comportamiento agresivo al punto de agredirla, no conforme con eso, le colocó una bolsa plástica en la cabeza hasta asfixiarla.
Un día después de este hecho la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que en un sector de la carretera Panamericana, en Quezaltepeque, fue localizado el cadáver de una mujer, el cual estaba en una bolsa plástica negra.
Las inspecciones realizadas por las autoridades, así como el resultado de la autopista del Instituto de Medicina Legal determinaron que la joven fue violada y que había muerto por asfixia.
La investigaciones también concluyeron que Perdomo hizo lo posible por no dejar huellas o residuos corporales en la víctima, para tal efecto se cree que tras haber asesinado a la joven lavó algunas partes del cadáver para no dejar en la víctima ninguna evidencia que lo vinculara.
Sin embargo, el criminal nunca se imaginó que sus huellas dactilares aparecerían grabadas en una tarjeta que fue encontrada en la escena del hallazgo del cadáver.
Las autoridades informaron que ya en otra ocasión el sujeto había sido condenado por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, a cuatro años de prisión por el delito de privación de libertad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
