Judicial
Jovencita es contratada para tener intimidad con un hombre sin sospechar que sería su fin
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a 40 años de prisión a Melvin Josué Perdomo Ramírez, acusado del delito de feminicidio agravado.
Las autoridades informaron que el asesinato por el cual fue sentenciado el imputado, ocurrió el 16 de julio de 2016 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, lugar donde él residía.
Durante el fallo que emitió la jueza del caso, fue evidenciado que el criminal actuó con “odio, desprecio y discriminación hacia la joven” víctima, según expusieron las autoridades.
Las investigaciones en torno al caso revelaron que Perdomo Ramírez, de 29 años y quien fuera militar, contactó a la víctima por medio de terceros para solicitar de sus servicios sexuales.
A la joven le habrían ofrecido $60 para que supuestamente realizara este tipo de servicios, se informó que la víctima fue contactada por medios de mensajes a su WhatsApp donde le explicaron que irían por ella a Ilobasco, Cabañas.
Ese 16 de julio de 2016, cuando Perdomo Ramírez estaba con la joven demostró un comportamiento agresivo al punto de agredirla, no conforme con eso, le colocó una bolsa plástica en la cabeza hasta asfixiarla.
Un día después de este hecho la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que en un sector de la carretera Panamericana, en Quezaltepeque, fue localizado el cadáver de una mujer, el cual estaba en una bolsa plástica negra.
Las inspecciones realizadas por las autoridades, así como el resultado de la autopista del Instituto de Medicina Legal determinaron que la joven fue violada y que había muerto por asfixia.
La investigaciones también concluyeron que Perdomo hizo lo posible por no dejar huellas o residuos corporales en la víctima, para tal efecto se cree que tras haber asesinado a la joven lavó algunas partes del cadáver para no dejar en la víctima ninguna evidencia que lo vinculara.
Sin embargo, el criminal nunca se imaginó que sus huellas dactilares aparecerían grabadas en una tarjeta que fue encontrada en la escena del hallazgo del cadáver.
Las autoridades informaron que ya en otra ocasión el sujeto había sido condenado por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, a cuatro años de prisión por el delito de privación de libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón
A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.
Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.
Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.
La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.
Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
