Judicial
Jovencita es condenada a 30 años de prisión por homicidio de su recién nacida en San Miguel
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Con diferentes pruebas periciales, documentales y testimoniales, Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de San Miguel, establecieron que Dalia Esmely González Hernández, de 28 años, le quitó la vida a su hija después de dar a luz.
El crimen se cometió en la madrugada del 23 de octubre del año 2019 en la casa de habitación de la imputada, en el cantón Zaragoza del municipio de Nueva Guadalupe.
En el juicio en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, la Fiscal del caso demostró que la incriminada tuvo un parto extrahospitalario y posteriormente buscó ayuda médica en el hospital de Nueva Guadalupe, por una hemorragia.
Al ser interrogada por los médicos de la posible causa, la mujer aseguró desconocer, sin embargo, tras examinarla, determinaron evidencia de un parto, porque encontraron la placenta dentro.
Al dar el aviso correspondiente a las autoridades, se coordinó junto a la Fiscalía General, el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil, una inspección en la casa de la fémina.
Como pruebas se encontró en la cama de la imputada, evidencias, como coágulos de sangre en las sábanas y otras, de que en ese lugar se dio el alumbramiento.
Además, en una fosa séptica en desuso, estaba el cuerpo sin vida de una recién nacida, cubierta con una camiseta rosada, y tenía alrededor de su cuello un trozo de sábana con un nudo. También se le observaron varias lesiones en su cuerpo que, según el perito forense, fueron causados con una tijera.
De acuerdo a la autopsia la causa directa de la muerte de la bebé fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
Con base a las diferentes evidencias de cargo vertidas, el Juez emitió una sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Agravado, el pasado 9 de mayo en las últimas horas de la tarde.
González Hernández tenía 25 años cuando parió por segunda vez, porque ya era madre de una niña de 5 años.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
