Judicial
Gustavo López Davidson interpone demanda contra el presidente de la República y pide $8 MillS. por difamación y calumnia
El Presidente del COENA, Gustavo López Davidson, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, por difamación y calumnia en la Cámara Segunda de lo Penal sección Centro, exigiendo ocho millones de dólares para «reparar su omagen y honor».
Según mencionó López Davidson, el motivo de la demanda es por los señalamientos de varios delitos que le imputa la Fuerza Armada a su empresa distribuidora de armas CENTRUM.
«Estamos basados en diferentes acciones que él [Bukele] ha estado tomando en contra de mi persona, consideramos que es injusto. Esperamos que esto se compruebe en tribunales y procederemos según constituye la ley. Esta va a ser una lucha de David contra Goliat», dijo el tricolor.
CENTRUM fue acusada de supuestamente de estafa, cohecho, evasión de impuestos, falsedad material e ideológica y posible tráfico de armas, en perjuicio de la institución castrense.
«No tenemos la mayor duda que este proceso irá avanzando, el Presidente Nayib Bukele ha dicho que soy ladrón, que me he robado cargamento de arma, que soy mercader de la muerte”, aseveró López Davidson.
“Consideramos que es lo justo y lo debido en nuestro país no tenerle miedo a ningún funcionario porque todos somos iguales ante la Ley. Él ha hablado y escrito un montón de cosas en Twitter y lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, espero que él llegue a demostrar lo que él dice”, indicó Davidson a la prensa tras presentar la demanda ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
“Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y no por un tuit venga a difamar, que venga a decir cosas negativas en contra del honor y reputación de cualquier persona”, agregó.
“Ha estado diciendo que soy ladrón, que me he robado cargamento de armas, que soy mercader de la muerte y curiosamente, los que andan cuidando a la familia del presidente andan equipo que nosotros les hemos proveído, mucho del equipo de la Policía Nacional Civil y piezas de artillería del Ministerio de la Defensa también los hemos proveído nosotros”, apuntó.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
