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Gustavo López Davidson interpone demanda contra el presidente de la República y pide $8 MillS. por difamación y calumnia
El Presidente del COENA, Gustavo López Davidson, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, por difamación y calumnia en la Cámara Segunda de lo Penal sección Centro, exigiendo ocho millones de dólares para «reparar su omagen y honor».
Según mencionó López Davidson, el motivo de la demanda es por los señalamientos de varios delitos que le imputa la Fuerza Armada a su empresa distribuidora de armas CENTRUM.
«Estamos basados en diferentes acciones que él [Bukele] ha estado tomando en contra de mi persona, consideramos que es injusto. Esperamos que esto se compruebe en tribunales y procederemos según constituye la ley. Esta va a ser una lucha de David contra Goliat», dijo el tricolor.
CENTRUM fue acusada de supuestamente de estafa, cohecho, evasión de impuestos, falsedad material e ideológica y posible tráfico de armas, en perjuicio de la institución castrense.
«No tenemos la mayor duda que este proceso irá avanzando, el Presidente Nayib Bukele ha dicho que soy ladrón, que me he robado cargamento de arma, que soy mercader de la muerte”, aseveró López Davidson.
“Consideramos que es lo justo y lo debido en nuestro país no tenerle miedo a ningún funcionario porque todos somos iguales ante la Ley. Él ha hablado y escrito un montón de cosas en Twitter y lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, espero que él llegue a demostrar lo que él dice”, indicó Davidson a la prensa tras presentar la demanda ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
“Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y no por un tuit venga a difamar, que venga a decir cosas negativas en contra del honor y reputación de cualquier persona”, agregó.
“Ha estado diciendo que soy ladrón, que me he robado cargamento de armas, que soy mercader de la muerte y curiosamente, los que andan cuidando a la familia del presidente andan equipo que nosotros les hemos proveído, mucho del equipo de la Policía Nacional Civil y piezas de artillería del Ministerio de la Defensa también los hemos proveído nosotros”, apuntó.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
