Judicial
Gustavo López Davidson interpone demanda contra el presidente de la República y pide $8 MillS. por difamación y calumnia
El Presidente del COENA, Gustavo López Davidson, llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, por difamación y calumnia en la Cámara Segunda de lo Penal sección Centro, exigiendo ocho millones de dólares para «reparar su omagen y honor».
Según mencionó López Davidson, el motivo de la demanda es por los señalamientos de varios delitos que le imputa la Fuerza Armada a su empresa distribuidora de armas CENTRUM.
«Estamos basados en diferentes acciones que él [Bukele] ha estado tomando en contra de mi persona, consideramos que es injusto. Esperamos que esto se compruebe en tribunales y procederemos según constituye la ley. Esta va a ser una lucha de David contra Goliat», dijo el tricolor.
CENTRUM fue acusada de supuestamente de estafa, cohecho, evasión de impuestos, falsedad material e ideológica y posible tráfico de armas, en perjuicio de la institución castrense.
«No tenemos la mayor duda que este proceso irá avanzando, el Presidente Nayib Bukele ha dicho que soy ladrón, que me he robado cargamento de arma, que soy mercader de la muerte”, aseveró López Davidson.
“Consideramos que es lo justo y lo debido en nuestro país no tenerle miedo a ningún funcionario porque todos somos iguales ante la Ley. Él ha hablado y escrito un montón de cosas en Twitter y lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, espero que él llegue a demostrar lo que él dice”, indicó Davidson a la prensa tras presentar la demanda ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en San Salvador.
“Nosotros lo que queremos es que salga la verdad y no por un tuit venga a difamar, que venga a decir cosas negativas en contra del honor y reputación de cualquier persona”, agregó.
“Ha estado diciendo que soy ladrón, que me he robado cargamento de armas, que soy mercader de la muerte y curiosamente, los que andan cuidando a la familia del presidente andan equipo que nosotros les hemos proveído, mucho del equipo de la Policía Nacional Civil y piezas de artillería del Ministerio de la Defensa también los hemos proveído nosotros”, apuntó.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
