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Judicial

Funes es condenado a seis años de cárcel por evasión de impuestos

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a seis años de prisión por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos que la Fiscalía General de la República probó que cometió en el año 2014.

Esta es la segunda condena que el expresidente acumula, ya que el pasado 29 de mayo el Juzgado Especializado de Sentencia C le impuso 14 años por haber promovido, facilitado e impulsado la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.

En la vista pública, los fiscales le dijeron al tribunal colegiado que a través de una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del ministerio de Hacienda se examinó el impuesto a declarar en el año 2014 y se detectó que como contribuyente declaró información falsa con el fin de evadir impuestos sobre la renta, el examen fiscalizador determinó que Mauricio Funes no declaro $271,857.49.

La acción del exmandatario lo llevó a defraudar al fisco con un monto de $85,157.25, pero con multas e intereses el monto se incrementó a $200,449.52. En el juicio se conoció que Mauricio Funes extendió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre sin justificar la procedencia de los fondos.

Al no probar la procedencia se evidenció un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $56,000, según los informes financieros. Toda esa información fue puesta a la orden de la Fiscalía por parte de la DGII y la Unidad Penal de Estado hizo un cruce de información con las operaciones financieras bancarias que Funes realizó durante el año 2014.

Un testigo que el ministerio público presentó ratificó ante el tribunal que Mauricio Funes defraudó al fisco con artimañas consistentes en depósitos a tarjetas de crédito, compra de vehículos, servicio de mantenimiento de un vehículo, compra de armas y hasta reportó una donación de 80 armas de fuego que le hizo el piloto Luis Alfredo Maida Leiva, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial y prófugo en el caso «Saqueo Público», estas armas no estaban exentas de declaración de impuesto sobre la renta las cuales fueron valuadas en $215,000, pero Funes dijo que cada una tenía el precio de $1.00.

Por esta causa penal, el 9 de febrero de 2023 fue declarado rebelde por el Juzgado Octavo de Instrucción al no presentarse a la audiencia preliminar donde fue enviado a juicio.

El expresidente prófugo quien se asiló en Nicaragua desde 2016 para luego ser nacionalizado tiene siete procesos en los tribunales. En el caso tregua y el de evasión ya hay sentencias, pero tiene pendientes otros cinco expedientes.

Los casos pendientes que tiene son «El Chaparral» «Corruptela», «Saqueo Público», divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el proceso de lavado de dinero que se le siguió al expresidente Francisco Flores y el caso de la avioneta que un empresario guatemalteco le regaló para que le adjudicara la construcción del puente San Isidro, esta última causa está en la fase final y a espera de la vista pública.

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Judicial

Envían a juicio a Napoleón Duarte y familia por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.

Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.

Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.

Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.

La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.

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Judicial

Anciano recibe 12 años de cárcel por agresión sexual continuada contra niña en La Libertad

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Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.

El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.

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Judicial

Mujer irá a juicio por intentar asesinar a su expareja con un machete

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Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.

El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.

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