Judicial
Fiscalía presenta pruebas de corrupción en Asocambio por el cual son procesados ocho exfuncionarios del FMLN
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo de Instrucción los resultados de la pericia contable financiera relacionado al escándalo de corrupción relacionado al caso denominado Asocambio por el que son procesados en los tribunales ocho exfuncionarios de seguridad en gobiernos del partido FMLN y 13 personas más que sacaron provecho personal de ese dinero.
«Por medio de esta pericia se pretende establecer si efectivamente por parte de Asocambio y la junta directiva el manejo que se le dieron los fondos a las tiendas institucionales, asimismo se va a lograr el uso que se le dio tanto para la adquisición de bienes, muebles, aumento de salarios, bonos y otro tipo de gastos que haya hecho Asocambio con los fondos de estas tiendas institucionales», explicó un fiscal.
#CombateALaCorrupción | Con ese documento también se pretende determinar si se adquirieron bienes muebles, arrendamientos de inmuebles, aumentos de salarios, bonos u otros detalles. pic.twitter.com/1h1gkZNAoW
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 23, 2023
La Fiscalía señala que el monto cuestionado en la documentación presentada supera el medio millón de dólares generados por las tiendas de los centros penitenciarios entre 2018 y 2019, los cuales fueron utilizados por la Asociación Yo Cambio, cuya directiva la conformaban exfuncionarios del gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén.
Sin embargo, la presunta malversación de fondos que generaron dichas tiendas supera los $14 millones que de acuerdo con señalamientos fiscales buena parte de ese dinero, incluso, fue utilizado para financiar la tregua entre pandillas que promovió el gobierno corrupto del también prófugo Mauricio Funes.
Asocanbio fue conformada por el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro Raúl López como vicepresidente; Marco Tulio Lima, secretario; José Roberto Nóchez, síndico; Flor de María Hernández, tesorera; Luis Alonso Barrera y Orlando Molina, vocales. Todos son acusados de cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
