Judicial
Fiscalía presenta pruebas de corrupción en Asocambio por el cual son procesados ocho exfuncionarios del FMLN
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo de Instrucción los resultados de la pericia contable financiera relacionado al escándalo de corrupción relacionado al caso denominado Asocambio por el que son procesados en los tribunales ocho exfuncionarios de seguridad en gobiernos del partido FMLN y 13 personas más que sacaron provecho personal de ese dinero.
«Por medio de esta pericia se pretende establecer si efectivamente por parte de Asocambio y la junta directiva el manejo que se le dieron los fondos a las tiendas institucionales, asimismo se va a lograr el uso que se le dio tanto para la adquisición de bienes, muebles, aumento de salarios, bonos y otro tipo de gastos que haya hecho Asocambio con los fondos de estas tiendas institucionales», explicó un fiscal.
#CombateALaCorrupción | Con ese documento también se pretende determinar si se adquirieron bienes muebles, arrendamientos de inmuebles, aumentos de salarios, bonos u otros detalles. pic.twitter.com/1h1gkZNAoW
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 23, 2023
La Fiscalía señala que el monto cuestionado en la documentación presentada supera el medio millón de dólares generados por las tiendas de los centros penitenciarios entre 2018 y 2019, los cuales fueron utilizados por la Asociación Yo Cambio, cuya directiva la conformaban exfuncionarios del gobierno del prófugo Salvador Sánchez Cerén.
Sin embargo, la presunta malversación de fondos que generaron dichas tiendas supera los $14 millones que de acuerdo con señalamientos fiscales buena parte de ese dinero, incluso, fue utilizado para financiar la tregua entre pandillas que promovió el gobierno corrupto del también prófugo Mauricio Funes.
Asocanbio fue conformada por el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, como presidente; el exviceministro Raúl López como vicepresidente; Marco Tulio Lima, secretario; José Roberto Nóchez, síndico; Flor de María Hernández, tesorera; Luis Alonso Barrera y Orlando Molina, vocales. Todos son acusados de cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
