Judicial
FGR solicita que Mario Huezo pague $50 mil, más una pena de 50 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que Mario Huezo sea condenado a una pena de 50 años de prisión y que pague $50 mil en concepto de responsabilidad civil, por el crimen contra la periodista Karla Turcios.
El juicio que se desarrolla en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer terminará este viernes con los alegatos de cierre de defensa.
Según las investigaciones, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo asfixió a su esposa en la cama de una habitación donde ellos residían.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales.
Pero las investigaciones arrojaban muchos indicios sobre la implicación de Huezo en el crimen, por lo que se cotejó la información de su celular y el recorrido que hizo en su vehículo el día de los hechos, lo que determinó que él fue quien abandonó el cuerpo de Turcios.
Las autoridades sostienen que Turcios habría sido asesinada por misoginia o desprecio a su condición de ser mujer, por parte de su esposo.
La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada detuvieron a Serafín Antonio Flores López, alias El Viejo, en el kilómetro 116 de la carretera Longitudinal del Norte, en Sensuntepeque, Cabañas Este. Según el parte policial, el hombre está perfilado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La PNC indicó que alertaba sobre la presencia de agentes y de personas ajenas al distrito, y que porta tatuajes alusivos a esa estructura. Fue deportado de Estados Unidos en 2010. Será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
La captura se suma a operativos recientes en varios departamentos contra presuntos remanentes de clicas. En Cabañas, tribunales han dictado este año condenas contra decenas de acusados de agrupaciones ilícitas vinculadas a MS-13 y Barrio 18. Las autoridades no detallaron si Flores López enfrenta otros cargos además del señalado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
