Judicial
FGR apela fallo de Cámara en caso del magistrado Escalante y «ser una resolución eminentemente falta de todo criterio de análisis jurisprudencial
Fiscales de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros grupos de condición de vulnerabilidad presentaron un recurso de apelación al fallo de la Cámara Primera de lo Penal que resolvió a favor del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y señaló que el hecho de tocar a una niña con ropa y de forma instantánea, no constituía un delito sino una falta.
La directora nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la fiscal Marina de Ortega, dijo que para ellos la resolución de los magistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo revictimiza a la menor y no analiza la conducta del imputado, además no tomaron en cuenta «jurisprudencia renovada», donde la Sala de lo Penal estableció que tocamientos y caricias son delito.
«Para Fiscalía General de la República como representantes de la sociedad y en este caso de los derechos de la víctima no vamos a permitir que resoluciones como estas que presentan un mal precedente a la sociedad, sigan emitiéndose. En este caso estamos recurriendo por ser una resolución eminentemente falta de todo criterio, de análisis jurisprudencial, de análisis del contenido de los derechos de la niñez y en este caso, efectivamente, se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución revictimizante, por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo el contexto de análisis de la conducta del adulto», dijo esta mañana de Ortega, tras presentar la apelación.
Según la fiscal, con la apelación buscan revertir «la puerta» para que estos hechos no se vuelvan a cometer.
El pasado 6 de noviembre, la Cámara Primera de lo Penal entregó la resolución escrita y estableció que habían cinco características, por las que el delito de agresión sexual no se constituía en los hechos imputados a Escalante Díaz.
La Cámara señaló en su fallo escrito que el tocamiento ocurrió sobre la ropa de la niña, fue instantáneo, ocurrió en la vía pública, la niña estaba en compañía de otro niño y además la víctima se descuidó.
El fallo dejó en libertad al magistrado Escalante, pero el pasado viernes 8 de noviembre, la misma Cámara notificó un arresto domiciliar ordenado por la Sala de lo Penal en septiembre pasado.
A partir de hoy, la defensa del magistrado Escalante tiene cinco días para contestar la apelación y luego la Cámara deberá enviarla a la Sala de lo Penal para que resuelva en segunda instancia.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
