Judicial
FGR acusó a 3 guatemaltecos capturados en altamar con $210,800.00 con rastros de drogas
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que esta tarde de martes presentó el requerimiento en contra de tres ciudadanos guatemaltecos, quienes fueron interceptados y capturados el pasado fin de semana en aguas internacionales, en momentos que transportaban dinero en efectivo y que al ser examinado arrojó residuos de drogas.
La Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotráfico dio a conocer que se trata de los imputados, Sergio Cristiany Rojas Vanegas, Aurelio Belarmino Martín Felipe y Óscar Rodolfo González Miranda. Contra ellos, fue presentado el requerimiento en el cual se les acusa por el delito de Lavado de Dinero y Activos.
De acuerdo al reporte oficial, patrullas de la fuerza marítima salvadoreña realizaban rondas de vigilancia preventiva cuando a tres millas náuticas de la Playa San Diego, jurisdicción de La Libertad, interceptaron la embarcación e identificando los a tres tripulantes. Al inspeccionar el interior de la nave, descubrieron en un recipiente plástico 10 paquetes con el dinero en efectivo.
En total se les incautó $210,800.00 y adicional al dinero, se les decomisaron cinco teléfonos celulares y un GPS.
El procedimiento de conteo y análisis de todo el decomiso, entre la FGR y la PNC, fue desarrollado desde el sábado y finalizó ayer tarde, por lo que se confirmó que los billetes dieron positivo a residuos de cocaína.
Esta tarde, tanto los tres detenidos como el decomiso, han sido llevados ante el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, en donde son acusados por el referido ilícito y el tribunal a programado la audiencia inicial para el próximo jueves 8 de octubre del presenta año, para las 8:00 de la mañana.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
