Judicial
Exempleados de Medicina Legal conocerán el 30 de enero decisión del juez en caso de negociaciones ilícitas
El próximo 30 de enero, un matrimonio en el que ambos fungían como exempleados del Instituto de Medicina Legal (IML), y una sobrina de estos, conocerá si son declarados culpables o inocentes de los cargos de los que Fiscalía General de la República (FGR): negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador concluyó, este miércoles, el juicio en contra de los médicos Juan Carlos Monterrosa, su esposa, Josefina Morales, y la sobrina de la pareja, Sindi Berenice García de Portillo.
A los dos profesionales de la salud, quienes laboraban como jefe y supervisora respectivamente del departamento de Biología Forense del referido Órgano de Justicia, se les acusa de negociaciones ilícitas; mientras que a la familiar, de falsedad ideológica.
Los doctores habrían realizado el delito de negociaciones ilícitas, por no pronunciarse cuando la sobrina de Morales ofrecía productos para el laboratorio de biología forense. Esto pese a la prohibición de que familiares de empleados públicos pudieran ofertar como lo regula el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, Fiscalía indicó que García de Portillo incurrió en el delito de falsedad ideológica desde que afirmó, por escrito, que no poseía familiares en el IML.
De ser declarados culpables, el ministerio público solicitó una sentencia carcelaria de ocho años; mientras que para García de Portillo, una de seis.
Al momento en que la Policía Nacional de la República desarrolló el operativo de captura, los médicos fueron detenidos en la calle El Mirador, de la colonia Escalón, en San Salvador. Asimismo se detuvo en el complejo urbanístico Metrópolis San Gabriel a la sobrina, un empresaria y representante legal de un laboratorio farmacéutico radicado en el país por accionistas de nacionalidad mexicana.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
