Judicial
Exempleados de Medicina Legal conocerán el 30 de enero decisión del juez en caso de negociaciones ilícitas
El próximo 30 de enero, un matrimonio en el que ambos fungían como exempleados del Instituto de Medicina Legal (IML), y una sobrina de estos, conocerá si son declarados culpables o inocentes de los cargos de los que Fiscalía General de la República (FGR): negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador concluyó, este miércoles, el juicio en contra de los médicos Juan Carlos Monterrosa, su esposa, Josefina Morales, y la sobrina de la pareja, Sindi Berenice García de Portillo.
A los dos profesionales de la salud, quienes laboraban como jefe y supervisora respectivamente del departamento de Biología Forense del referido Órgano de Justicia, se les acusa de negociaciones ilícitas; mientras que a la familiar, de falsedad ideológica.
Los doctores habrían realizado el delito de negociaciones ilícitas, por no pronunciarse cuando la sobrina de Morales ofrecía productos para el laboratorio de biología forense. Esto pese a la prohibición de que familiares de empleados públicos pudieran ofertar como lo regula el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, Fiscalía indicó que García de Portillo incurrió en el delito de falsedad ideológica desde que afirmó, por escrito, que no poseía familiares en el IML.
De ser declarados culpables, el ministerio público solicitó una sentencia carcelaria de ocho años; mientras que para García de Portillo, una de seis.
Al momento en que la Policía Nacional de la República desarrolló el operativo de captura, los médicos fueron detenidos en la calle El Mirador, de la colonia Escalón, en San Salvador. Asimismo se detuvo en el complejo urbanístico Metrópolis San Gabriel a la sobrina, un empresaria y representante legal de un laboratorio farmacéutico radicado en el país por accionistas de nacionalidad mexicana.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
