Judicial
Exempleados de Medicina Legal conocerán el 30 de enero decisión del juez en caso de negociaciones ilícitas
El próximo 30 de enero, un matrimonio en el que ambos fungían como exempleados del Instituto de Medicina Legal (IML), y una sobrina de estos, conocerá si son declarados culpables o inocentes de los cargos de los que Fiscalía General de la República (FGR): negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador concluyó, este miércoles, el juicio en contra de los médicos Juan Carlos Monterrosa, su esposa, Josefina Morales, y la sobrina de la pareja, Sindi Berenice García de Portillo.
A los dos profesionales de la salud, quienes laboraban como jefe y supervisora respectivamente del departamento de Biología Forense del referido Órgano de Justicia, se les acusa de negociaciones ilícitas; mientras que a la familiar, de falsedad ideológica.
Los doctores habrían realizado el delito de negociaciones ilícitas, por no pronunciarse cuando la sobrina de Morales ofrecía productos para el laboratorio de biología forense. Esto pese a la prohibición de que familiares de empleados públicos pudieran ofertar como lo regula el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, Fiscalía indicó que García de Portillo incurrió en el delito de falsedad ideológica desde que afirmó, por escrito, que no poseía familiares en el IML.
De ser declarados culpables, el ministerio público solicitó una sentencia carcelaria de ocho años; mientras que para García de Portillo, una de seis.
Al momento en que la Policía Nacional de la República desarrolló el operativo de captura, los médicos fueron detenidos en la calle El Mirador, de la colonia Escalón, en San Salvador. Asimismo se detuvo en el complejo urbanístico Metrópolis San Gabriel a la sobrina, un empresaria y representante legal de un laboratorio farmacéutico radicado en el país por accionistas de nacionalidad mexicana.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
