Judicial
Exempleados de Medicina Legal conocerán el 30 de enero decisión del juez en caso de negociaciones ilícitas
El próximo 30 de enero, un matrimonio en el que ambos fungían como exempleados del Instituto de Medicina Legal (IML), y una sobrina de estos, conocerá si son declarados culpables o inocentes de los cargos de los que Fiscalía General de la República (FGR): negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador concluyó, este miércoles, el juicio en contra de los médicos Juan Carlos Monterrosa, su esposa, Josefina Morales, y la sobrina de la pareja, Sindi Berenice García de Portillo.
A los dos profesionales de la salud, quienes laboraban como jefe y supervisora respectivamente del departamento de Biología Forense del referido Órgano de Justicia, se les acusa de negociaciones ilícitas; mientras que a la familiar, de falsedad ideológica.
Los doctores habrían realizado el delito de negociaciones ilícitas, por no pronunciarse cuando la sobrina de Morales ofrecía productos para el laboratorio de biología forense. Esto pese a la prohibición de que familiares de empleados públicos pudieran ofertar como lo regula el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, Fiscalía indicó que García de Portillo incurrió en el delito de falsedad ideológica desde que afirmó, por escrito, que no poseía familiares en el IML.
De ser declarados culpables, el ministerio público solicitó una sentencia carcelaria de ocho años; mientras que para García de Portillo, una de seis.
Al momento en que la Policía Nacional de la República desarrolló el operativo de captura, los médicos fueron detenidos en la calle El Mirador, de la colonia Escalón, en San Salvador. Asimismo se detuvo en el complejo urbanístico Metrópolis San Gabriel a la sobrina, un empresaria y representante legal de un laboratorio farmacéutico radicado en el país por accionistas de nacionalidad mexicana.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
