Judicial
Demandan a exdiputado Medardo González y su familia por enriquecimiento ilícito por más de $153,000
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes 3 de marzo ante la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador una demanda civil en contra del exdiputado y exsecretario general del FMLN, Medardo González Trejo, y su familia por un supuesto enriquecimiento ilícito por más de $153,000.
De acuerdo con la fiscal que presentó el caso ante la cámara, la demanda obedece a la información que recibió la Unidad de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los análisis de las declaraciones patrimoniales de González Trejo cuando él se desempeñó como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador en los períodos comprendidos del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018.
«Al exfuncionario y su núcleo familiar se le reclaman 12 irregularidades que no pudieron justificar en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo, transferencias internacionales, así como la adquisición de bienes, y también por pagos a tarjetas de crédito realizadas en dicho período», dijo la auxiliar fiscal.
La funcionaria explicó que al exdiputado se le reclaman dos irregularidades por el monto de $3,892.37; y a su esposa, Sonia Ernestina Paredes de González, se le reclaman siete irregularidades por $70,505.98. Mientras que a sus hijos Luis Antonio González Portal se le reclaman dos irregularidades por la suma de $8,948 y a Medardo Romeo González Portal se le reclama de una irregularidad por el monto de $70,000.
«Estamos hablando de que la cantidad que le reclama el Estado de El Salvador en concepto de enriquecimiento ilícito hace un total de $153,366.55», dijo la fiscal.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
