Judicial
Demandan a exdiputado Medardo González y su familia por enriquecimiento ilícito por más de $153,000
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes 3 de marzo ante la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador una demanda civil en contra del exdiputado y exsecretario general del FMLN, Medardo González Trejo, y su familia por un supuesto enriquecimiento ilícito por más de $153,000.
De acuerdo con la fiscal que presentó el caso ante la cámara, la demanda obedece a la información que recibió la Unidad de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los análisis de las declaraciones patrimoniales de González Trejo cuando él se desempeñó como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador en los períodos comprendidos del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018.
«Al exfuncionario y su núcleo familiar se le reclaman 12 irregularidades que no pudieron justificar en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo, transferencias internacionales, así como la adquisición de bienes, y también por pagos a tarjetas de crédito realizadas en dicho período», dijo la auxiliar fiscal.
La funcionaria explicó que al exdiputado se le reclaman dos irregularidades por el monto de $3,892.37; y a su esposa, Sonia Ernestina Paredes de González, se le reclaman siete irregularidades por $70,505.98. Mientras que a sus hijos Luis Antonio González Portal se le reclaman dos irregularidades por la suma de $8,948 y a Medardo Romeo González Portal se le reclama de una irregularidad por el monto de $70,000.
«Estamos hablando de que la cantidad que le reclama el Estado de El Salvador en concepto de enriquecimiento ilícito hace un total de $153,366.55», dijo la fiscal.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
