Judicial
Decretan arresto domiciliar y $100 mil de fianza para exalcalde de Metapán acusado de lavado de dinero
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador ordenó liberar de prisión al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, acusado de lavado de dinero, y enviarlo a arresto domiciliar, previo pago de una fianza de $100 mil mientras continúa su proceso, tras dos años de haber estado en la cárcel sin ser condenado.
Umaña es procesado junto con José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo”, Sara Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar y Romelia Guerra Argueta.
En la resolución para Umaña Samayoa el Tribunal indicó que el imputado ya había cumplido el límite de dos años de cárcel en que una persona puede permanecer en detención provisional, de acuerdo con el Código Procesal Penal.
Se estableció que el exedil será liberado; guardaba cárcel en el penal de Metapán y se le otorgan medidas sustitutivas como lo es el arresto domiciliario. Para que lo anterior pueda ser posible, el imputado debe cancelar una fianza de $100 mil.
Al cancelar la caución no puede salir del país, tampoco comunicarse con los testigos que declararán en su caso y debe presentarse a firmar cada 15 días a los tribunales.
Una hija de Umaña Samayoa será la responsable de que las medidas impuestas por el Tribunal se cumplan.
A través de su cuenta de Twitter, la alcaldía de Metapán celebró la decisión del Tribunal.
“Nos complace recibir la gran noticia, a nuestro ex edil Juan Umaña Samayoa se le otorga libertad bajo medidas sustitutivas. Un hombre con espíritu de servicio y trabajo constante. Su trayectoria en el municipio, hacen de esto, una alegría compartida en los habitantes”.
Por El Salvador Times.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
