Judicial
Bessy Ríos a fiscales torturados en Caso Corruptela: «Demanden a la fiscalía, fueron maltratados siendo inocentes”
“Yo personalmente les hago un llamado a los fiscales y los administrativos que demanden a la fiscalía, porque en las instalaciones de la Fiscalía fueron ustedes torturados y maltratados siendo inocentes”.
Con esas palabras, la abogada y defensora de los Derechos Humanos Bessy Ríos, aconsejó a los cuatros fiscales que recientemente fueron sobreseídos por el ente fiscal del país, tras comprobarse su inocencia en el caso “Corruptela”, el cual fue planificado, montado y ejecutado por el ahora exfiscal general, Douglas Meléndez, sobre quien pesas hoy en día más de una veintena de acusaciones cometidas durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso en mención, los fiscales fueron torturados, humillados y obligados a aceptar ser testigos criteriados por otros colegas y el mismo Douglas Meléndez.
Ríos recordó recientemente en una entrevista televisa el momento en que uno de los fiscales se comunicó con ella para comentarle el caso; sin embargo, lo que más le conmovió fue el momento en cada fiscal le relató su experiencia y le detallaron los hechos de coacción a los que fueron sometidos.
“Fueron torturados cada uno de ellos dentro de las instalaciones de la Fiscalía, cómo fueron humillados de parte de varios fiscales, incluido el primo del exfiscal Meléndez, cómo fueron maltratados, vendados paseados esposados, trasladados a oficinas que estaban recién fumigadas, donde los dejaron encerrados, recibían llamadas a media noche para dejarles mensajes terribles con sus niños y con todo eso los orillaron a tomar un criterio de oportunidad cuando ellos no habían hecho nada”, comentó la defensora de derechos humanos en El Salvador.
La abogada insiste en que la razón por la que fueron obligados a asumir delitos que no habían cometido fue para que rindieran falsos testimonios en el caso “Corruptela”, debido a que “el anterior fiscal quería sustentar un caso porque siempre quería sacar conferencias de prensa rimbombantes”, explicó.
El análisis de la abogada es que el fiscal Meléndez “se dedicó a hacer conferencias de prensa y en tener una exposición constate con la finalidad de ser reelegido, ante la imposibilidad de reelegirse trató de buscar casos que le permitieran permanecer mediáticamente, pero que mal lo que le hizo a estos fiscales y estos administrativos. Sin embargo, después de una ardua lucha que mantuvieron los fiscales junto a sus abogados finalmente fueron sobreseídos y actualmente se está a la espera que den sobreseimiento a los dos administrativos.
Ambos pasaron a la siguiente etapa del proceso debido a que “se está a la espera de cierta documentación que los fiscales que los torturaron tienen retenida”, señaló Ríos, quien agregó que en la documentación se demuestra que ellos “no tomaron una decisión porque ellos quisieran sino porque se le obligó”.
La profesional concluye que “el maltrato que ustedes recibieron merece ser castigado”, y aclaró que no se trata de una acción de venganza sino más bien de “sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”.
Judicial
Procesan a jefe que dirigió palabras despectivas sobre su físico y vestimenta a una empleada
Un jefe está siendo procesado por la justicia salvadoreña luego que se dirigió con palabras despectivas sobre su físico y vestimenta a una empleada, en San Salvador, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES).
CJES detalló que el caso fue atendido por el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, instancia que ordenó que este pase a un Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
El imputado responde al nombre de Ronal B. M., de 36 años de edad, quien está siendo procesado por el cargo de expresiones de violencia contra las mujeres.
“Presuntamente, el acusado, aprovechándose de su posición de jefe, agredió a una empleada de una empresa privada donde ambos trabajaban. Según la denuncia, entre 2021 y 2023, le dirigió palabras despectivas con respecto a su físico y vestimenta”, explicó CJES.
De esta manera, el proceso pasa a la etapa de instrucción para profundizar en las investigaciones sobre los hechos expuestos en el requerimiento fiscal.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
