Judicial
Bessy Ríos a fiscales torturados en Caso Corruptela: «Demanden a la fiscalía, fueron maltratados siendo inocentes”
“Yo personalmente les hago un llamado a los fiscales y los administrativos que demanden a la fiscalía, porque en las instalaciones de la Fiscalía fueron ustedes torturados y maltratados siendo inocentes”.
Con esas palabras, la abogada y defensora de los Derechos Humanos Bessy Ríos, aconsejó a los cuatros fiscales que recientemente fueron sobreseídos por el ente fiscal del país, tras comprobarse su inocencia en el caso “Corruptela”, el cual fue planificado, montado y ejecutado por el ahora exfiscal general, Douglas Meléndez, sobre quien pesas hoy en día más de una veintena de acusaciones cometidas durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso en mención, los fiscales fueron torturados, humillados y obligados a aceptar ser testigos criteriados por otros colegas y el mismo Douglas Meléndez.
Ríos recordó recientemente en una entrevista televisa el momento en que uno de los fiscales se comunicó con ella para comentarle el caso; sin embargo, lo que más le conmovió fue el momento en cada fiscal le relató su experiencia y le detallaron los hechos de coacción a los que fueron sometidos.
“Fueron torturados cada uno de ellos dentro de las instalaciones de la Fiscalía, cómo fueron humillados de parte de varios fiscales, incluido el primo del exfiscal Meléndez, cómo fueron maltratados, vendados paseados esposados, trasladados a oficinas que estaban recién fumigadas, donde los dejaron encerrados, recibían llamadas a media noche para dejarles mensajes terribles con sus niños y con todo eso los orillaron a tomar un criterio de oportunidad cuando ellos no habían hecho nada”, comentó la defensora de derechos humanos en El Salvador.
La abogada insiste en que la razón por la que fueron obligados a asumir delitos que no habían cometido fue para que rindieran falsos testimonios en el caso “Corruptela”, debido a que “el anterior fiscal quería sustentar un caso porque siempre quería sacar conferencias de prensa rimbombantes”, explicó.
El análisis de la abogada es que el fiscal Meléndez “se dedicó a hacer conferencias de prensa y en tener una exposición constate con la finalidad de ser reelegido, ante la imposibilidad de reelegirse trató de buscar casos que le permitieran permanecer mediáticamente, pero que mal lo que le hizo a estos fiscales y estos administrativos. Sin embargo, después de una ardua lucha que mantuvieron los fiscales junto a sus abogados finalmente fueron sobreseídos y actualmente se está a la espera que den sobreseimiento a los dos administrativos.
Ambos pasaron a la siguiente etapa del proceso debido a que “se está a la espera de cierta documentación que los fiscales que los torturaron tienen retenida”, señaló Ríos, quien agregó que en la documentación se demuestra que ellos “no tomaron una decisión porque ellos quisieran sino porque se le obligó”.
La profesional concluye que “el maltrato que ustedes recibieron merece ser castigado”, y aclaró que no se trata de una acción de venganza sino más bien de “sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
