Judicial
Bessy Ríos a fiscales torturados en Caso Corruptela: «Demanden a la fiscalía, fueron maltratados siendo inocentes”
“Yo personalmente les hago un llamado a los fiscales y los administrativos que demanden a la fiscalía, porque en las instalaciones de la Fiscalía fueron ustedes torturados y maltratados siendo inocentes”.
Con esas palabras, la abogada y defensora de los Derechos Humanos Bessy Ríos, aconsejó a los cuatros fiscales que recientemente fueron sobreseídos por el ente fiscal del país, tras comprobarse su inocencia en el caso “Corruptela”, el cual fue planificado, montado y ejecutado por el ahora exfiscal general, Douglas Meléndez, sobre quien pesas hoy en día más de una veintena de acusaciones cometidas durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso en mención, los fiscales fueron torturados, humillados y obligados a aceptar ser testigos criteriados por otros colegas y el mismo Douglas Meléndez.
Ríos recordó recientemente en una entrevista televisa el momento en que uno de los fiscales se comunicó con ella para comentarle el caso; sin embargo, lo que más le conmovió fue el momento en cada fiscal le relató su experiencia y le detallaron los hechos de coacción a los que fueron sometidos.
“Fueron torturados cada uno de ellos dentro de las instalaciones de la Fiscalía, cómo fueron humillados de parte de varios fiscales, incluido el primo del exfiscal Meléndez, cómo fueron maltratados, vendados paseados esposados, trasladados a oficinas que estaban recién fumigadas, donde los dejaron encerrados, recibían llamadas a media noche para dejarles mensajes terribles con sus niños y con todo eso los orillaron a tomar un criterio de oportunidad cuando ellos no habían hecho nada”, comentó la defensora de derechos humanos en El Salvador.
La abogada insiste en que la razón por la que fueron obligados a asumir delitos que no habían cometido fue para que rindieran falsos testimonios en el caso “Corruptela”, debido a que “el anterior fiscal quería sustentar un caso porque siempre quería sacar conferencias de prensa rimbombantes”, explicó.
El análisis de la abogada es que el fiscal Meléndez “se dedicó a hacer conferencias de prensa y en tener una exposición constate con la finalidad de ser reelegido, ante la imposibilidad de reelegirse trató de buscar casos que le permitieran permanecer mediáticamente, pero que mal lo que le hizo a estos fiscales y estos administrativos. Sin embargo, después de una ardua lucha que mantuvieron los fiscales junto a sus abogados finalmente fueron sobreseídos y actualmente se está a la espera que den sobreseimiento a los dos administrativos.
Ambos pasaron a la siguiente etapa del proceso debido a que “se está a la espera de cierta documentación que los fiscales que los torturaron tienen retenida”, señaló Ríos, quien agregó que en la documentación se demuestra que ellos “no tomaron una decisión porque ellos quisieran sino porque se le obligó”.
La profesional concluye que “el maltrato que ustedes recibieron merece ser castigado”, y aclaró que no se trata de una acción de venganza sino más bien de “sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
