Judicial
Bessy Ríos a fiscales torturados en Caso Corruptela: «Demanden a la fiscalía, fueron maltratados siendo inocentes”
“Yo personalmente les hago un llamado a los fiscales y los administrativos que demanden a la fiscalía, porque en las instalaciones de la Fiscalía fueron ustedes torturados y maltratados siendo inocentes”.
Con esas palabras, la abogada y defensora de los Derechos Humanos Bessy Ríos, aconsejó a los cuatros fiscales que recientemente fueron sobreseídos por el ente fiscal del país, tras comprobarse su inocencia en el caso “Corruptela”, el cual fue planificado, montado y ejecutado por el ahora exfiscal general, Douglas Meléndez, sobre quien pesas hoy en día más de una veintena de acusaciones cometidas durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso en mención, los fiscales fueron torturados, humillados y obligados a aceptar ser testigos criteriados por otros colegas y el mismo Douglas Meléndez.
Ríos recordó recientemente en una entrevista televisa el momento en que uno de los fiscales se comunicó con ella para comentarle el caso; sin embargo, lo que más le conmovió fue el momento en cada fiscal le relató su experiencia y le detallaron los hechos de coacción a los que fueron sometidos.
“Fueron torturados cada uno de ellos dentro de las instalaciones de la Fiscalía, cómo fueron humillados de parte de varios fiscales, incluido el primo del exfiscal Meléndez, cómo fueron maltratados, vendados paseados esposados, trasladados a oficinas que estaban recién fumigadas, donde los dejaron encerrados, recibían llamadas a media noche para dejarles mensajes terribles con sus niños y con todo eso los orillaron a tomar un criterio de oportunidad cuando ellos no habían hecho nada”, comentó la defensora de derechos humanos en El Salvador.
La abogada insiste en que la razón por la que fueron obligados a asumir delitos que no habían cometido fue para que rindieran falsos testimonios en el caso “Corruptela”, debido a que “el anterior fiscal quería sustentar un caso porque siempre quería sacar conferencias de prensa rimbombantes”, explicó.
El análisis de la abogada es que el fiscal Meléndez “se dedicó a hacer conferencias de prensa y en tener una exposición constate con la finalidad de ser reelegido, ante la imposibilidad de reelegirse trató de buscar casos que le permitieran permanecer mediáticamente, pero que mal lo que le hizo a estos fiscales y estos administrativos. Sin embargo, después de una ardua lucha que mantuvieron los fiscales junto a sus abogados finalmente fueron sobreseídos y actualmente se está a la espera que den sobreseimiento a los dos administrativos.
Ambos pasaron a la siguiente etapa del proceso debido a que “se está a la espera de cierta documentación que los fiscales que los torturaron tienen retenida”, señaló Ríos, quien agregó que en la documentación se demuestra que ellos “no tomaron una decisión porque ellos quisieran sino porque se le obligó”.
La profesional concluye que “el maltrato que ustedes recibieron merece ser castigado”, y aclaró que no se trata de una acción de venganza sino más bien de “sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
