Judicial
AVANCE EN EL CASO CARLA AYALA: Implicado sugiere que cadáver de la agente fue bajado en la sede del GRP
Josué Antonio Pérez Pineda, uno de los agentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) implicado en la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, fue presentado al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, en donde fue tomada su declaración indagatoria del hecho.
De acuerdo a lo que Pérez Pineda expresó ante el juez, Roberto Arévalo Ortuño, este explicó bajo una declaración coherente y “más o menos creíble” que el cadáver de la mujer -que estaba destacada en la Unidad de Investigación Disciplinaria de Apopa- pudo haber sido bajado en la sede del GRP, luego del ataque en su contra.
Implicado sugiere que cadáver de Carla Ayala fue bajado en la sede del GRP
El agente es procesado por incumplimiento de deberes, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de no efectuar la detención del agente prófugo identificado como Juan Josué Castillo, cuando este regresó a devolver el vehículo involucrado en los hechos.
Ante esto, sus abogados defensores alegaron que llegó al día siguiente de los hechos a retomar su turno y que su función era de armero y no comandante de guardia, como se ha manifestado en el requerimiento.
Las declaraciones ante el Juzgado
Las declaraciones tomadas por Ortuño tienen el objetivo de aclarar cuál fue la ubicación que tuvo Pérez Pineda el día posterior a los hechos, cuando desapareció la agente Ayala. Hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2017, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial del GRP.
Ortuño consideró que las palabras del imputado van a obligar a la Fiscalía, querellantes, defensa y jueces a analizar el caso específico sobre él.
Manifestó que sus declaraciones coinciden bastante con las pistas que se han dado, no obstante cree que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones y que a su juicio no se deben de basar solo en declaraciones.
Por: El Salvador Times
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
