Judicial
Absuelven a médicos del Seguro Social acusados de causar lesiones en embarazada que perdió a su bebé
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió absolver y dejar libres de culpas a 18 médicos del hospital «Primero de Mayo» que supuestamente realizaron un mal procedimiento a una paciente embarazada.
La parte juzgadora considero que las pruebas presentadas por parte de la FGR no sustentan el caso para volver a iniciar un proceso en contra de los 18 profesionales de la salud.
“Intentan abrir bajo ningún argumento porque no hay delito que perseguir… los peritos hablan en donde el procedimiento, el tratamiento y los medicamentos para tratar a la paciente están normados”, dijo Claudia Pintín, una de las ginecólogas involucradas en el caso.
Los imputados eran acusados por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Aurelia S. una mujer que producto de los malos tratos recibidos por los médicos tardó varios días en reponerse a la pérdida de su bebé
Según el expediente judicial, con nueve meses de embarazo Aurelia llegó al hospital a eso de las 5:30 de la tarde del 19 de agosto del 2013. Día en el que la mujer creyó que iba a dar a luz.
Los dolores de parto comenzaron y los médicos del lugar iniciaron a monitorearla. Ellos le manifestaron que no se escucharon los latidos de su bebé, pese a eso, decidieron someterla a un trabajo de parto para sacar al bebé. A ella le pareció extraño ya que días atrás el embarazo había sido normal sin ningún problema.
En ese momento, el esposo solicitó a los doctores que le realizaran la cesárea inmediatamente pero esta petición no fue escuchada. Los médicos la introdujeron a la labor de parto ya que la vida de Aurelia estaba en riesgo.
Durante la intervención ellos observaron que el bebé no salía de ninguna forma y comenzaron a presionar el estómago para que este saliera. Era imposible, fueron 28 horas de trabajo dentro del quirófano.
Las constantes presiones en el abdomen rompieron el útero de Aurelia. Los médicos al ver que no estaba funcionando el plan, decidieron practicarle una cesárea y se encontraron con la sorpresa que el niño había muerto a causa de asfixia ya que tenía enrrollado el cordón umbilical en el cuello.
Todo el trato en esa sala provocó que ella perdiera su útero, sus ovarios y su matriz. Algo que ha derivado en que la mujer no pueda tener hijos.
Pintín, explicó que “No hay nada. Lo que pasa es que la señora por las mismas complicaciones del embarazo se le tuvo que quitar el útero pero si no tomamos esa decisión la señora se muere”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
