Judicial
Absuelven a médicos del Seguro Social acusados de causar lesiones en embarazada que perdió a su bebé
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió absolver y dejar libres de culpas a 18 médicos del hospital «Primero de Mayo» que supuestamente realizaron un mal procedimiento a una paciente embarazada.
La parte juzgadora considero que las pruebas presentadas por parte de la FGR no sustentan el caso para volver a iniciar un proceso en contra de los 18 profesionales de la salud.
“Intentan abrir bajo ningún argumento porque no hay delito que perseguir… los peritos hablan en donde el procedimiento, el tratamiento y los medicamentos para tratar a la paciente están normados”, dijo Claudia Pintín, una de las ginecólogas involucradas en el caso.
Los imputados eran acusados por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Aurelia S. una mujer que producto de los malos tratos recibidos por los médicos tardó varios días en reponerse a la pérdida de su bebé
Según el expediente judicial, con nueve meses de embarazo Aurelia llegó al hospital a eso de las 5:30 de la tarde del 19 de agosto del 2013. Día en el que la mujer creyó que iba a dar a luz.
Los dolores de parto comenzaron y los médicos del lugar iniciaron a monitorearla. Ellos le manifestaron que no se escucharon los latidos de su bebé, pese a eso, decidieron someterla a un trabajo de parto para sacar al bebé. A ella le pareció extraño ya que días atrás el embarazo había sido normal sin ningún problema.
En ese momento, el esposo solicitó a los doctores que le realizaran la cesárea inmediatamente pero esta petición no fue escuchada. Los médicos la introdujeron a la labor de parto ya que la vida de Aurelia estaba en riesgo.
Durante la intervención ellos observaron que el bebé no salía de ninguna forma y comenzaron a presionar el estómago para que este saliera. Era imposible, fueron 28 horas de trabajo dentro del quirófano.
Las constantes presiones en el abdomen rompieron el útero de Aurelia. Los médicos al ver que no estaba funcionando el plan, decidieron practicarle una cesárea y se encontraron con la sorpresa que el niño había muerto a causa de asfixia ya que tenía enrrollado el cordón umbilical en el cuello.
Todo el trato en esa sala provocó que ella perdiera su útero, sus ovarios y su matriz. Algo que ha derivado en que la mujer no pueda tener hijos.
Pintín, explicó que “No hay nada. Lo que pasa es que la señora por las mismas complicaciones del embarazo se le tuvo que quitar el útero pero si no tomamos esa decisión la señora se muere”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
