Judicial
Absuelven a médicos del Seguro Social acusados de causar lesiones en embarazada que perdió a su bebé
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió absolver y dejar libres de culpas a 18 médicos del hospital «Primero de Mayo» que supuestamente realizaron un mal procedimiento a una paciente embarazada.
La parte juzgadora considero que las pruebas presentadas por parte de la FGR no sustentan el caso para volver a iniciar un proceso en contra de los 18 profesionales de la salud.
“Intentan abrir bajo ningún argumento porque no hay delito que perseguir… los peritos hablan en donde el procedimiento, el tratamiento y los medicamentos para tratar a la paciente están normados”, dijo Claudia Pintín, una de las ginecólogas involucradas en el caso.
Los imputados eran acusados por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Aurelia S. una mujer que producto de los malos tratos recibidos por los médicos tardó varios días en reponerse a la pérdida de su bebé
Según el expediente judicial, con nueve meses de embarazo Aurelia llegó al hospital a eso de las 5:30 de la tarde del 19 de agosto del 2013. Día en el que la mujer creyó que iba a dar a luz.
Los dolores de parto comenzaron y los médicos del lugar iniciaron a monitorearla. Ellos le manifestaron que no se escucharon los latidos de su bebé, pese a eso, decidieron someterla a un trabajo de parto para sacar al bebé. A ella le pareció extraño ya que días atrás el embarazo había sido normal sin ningún problema.
En ese momento, el esposo solicitó a los doctores que le realizaran la cesárea inmediatamente pero esta petición no fue escuchada. Los médicos la introdujeron a la labor de parto ya que la vida de Aurelia estaba en riesgo.
Durante la intervención ellos observaron que el bebé no salía de ninguna forma y comenzaron a presionar el estómago para que este saliera. Era imposible, fueron 28 horas de trabajo dentro del quirófano.
Las constantes presiones en el abdomen rompieron el útero de Aurelia. Los médicos al ver que no estaba funcionando el plan, decidieron practicarle una cesárea y se encontraron con la sorpresa que el niño había muerto a causa de asfixia ya que tenía enrrollado el cordón umbilical en el cuello.
Todo el trato en esa sala provocó que ella perdiera su útero, sus ovarios y su matriz. Algo que ha derivado en que la mujer no pueda tener hijos.
Pintín, explicó que “No hay nada. Lo que pasa es que la señora por las mismas complicaciones del embarazo se le tuvo que quitar el útero pero si no tomamos esa decisión la señora se muere”.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
