Judicial
Abogados, jefe policial y un empleado del CNR vinculados con banda de estafadores de vehículos e inmuebles
Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.
La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.
De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.
Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.
Verificaban el sistema informático del CNR
Los tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.
“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.
Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.
“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.
Hacían lo mismo con vehículos
Pero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.
Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.
“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.
Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador por los delitos antes mencionados.
Nota: El Salvador Times
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Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
Judicial
Capturan a joven de 20 años en Acajutla por amenazar a su propia madre: ella misma lo denunció
Carlos Mauricio Durán Flores, de 20 años, fue capturado este sábado en Acajutla, Sonsonate Oeste, acusado de amenazar a su madre. La detención se produjo luego de que la propia mujer llamara a la Policía Nacional Civil para denunciar a su hijo.
Según la información disponible, el joven habría realizado amenazas durante una llamada telefónica. La madre manifestó a las autoridades que no se trataba de la primera ocasión en que enfrentaba agresiones y maltrato por parte de su hijo.
Los agentes de la PNC localizaron a Durán Flores en la calle principal del barrio La Playa, en Acajutla, y procedieron a su captura. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se continúe con el proceso legal.
El caso se da en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar que las autoridades atienden de forma prioritaria. La madre de la víctima decidió interponer la denuncia para frenar las amenazas que venía recibiendo.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido exacto de las amenazas ni sobre el historial previo de incidentes entre ambos.
Judicial
Envían a prisión a hombre de 44 años por rociar kerosene a su pareja con intención de quemarla en Santa Ana
Un hombre identificado solo por las iniciales A. V. C. M., de 44 años, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, acusado del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su pareja sentimental.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en una colonia ubicada al noroeste del distrito de Santa Ana. La mujer sufría violencia en la relación y, cuando intentó abandonar la vivienda que compartían, el imputado le roció kerosene sobre la ropa y el maletín que llevaba, presuntamente con la intención de prenderle fuego.
La víctima logró escapar con ayuda de vecinos del sector e interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que capturó al hombre en flagrancia. El kerosene es un líquido inflamable derivado del petróleo, comúnmente usado como combustible.
El Juzgado decretó instrucción formal con detención provisional y otorgó un plazo de siete meses para la etapa de investigación. Durante este período se continuarán las diligencias correspondientes.
El caso se enmarca en las acciones judiciales contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en grado de tentativa, delitos que las autoridades han priorizado en los últimos años.
