Judicial
Abogados, jefe policial y un empleado del CNR vinculados con banda de estafadores de vehículos e inmuebles
Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.
La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.
De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.
Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.
Verificaban el sistema informático del CNR
Los tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.
“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.
Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.
“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.
Hacían lo mismo con vehículos
Pero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.
Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.
“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.
Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador por los delitos antes mencionados.
Nota: El Salvador Times
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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
