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INDES y MOP reportan avance en la construcción de la Villa Centroamericana y del Caribe
El Gobierno sigue con los avances de los preparativos para el inicio de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, competición que se realizará del 23 de junio al 8 de julio.
Los titulares del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) informaron sobre los progresos en los trabajos de intervención en la Universidad de El Salvador, que será la Villa Centroamericana y del Caribe.
“Tengo el reporte de que estamos a un 50 % (avance)”, dijo el presidente del INDES, Yamil Bukele y resaltó el avance en las construcciones en tan corto tiempo. “Es impresionante que en tan solo dos meses hayan levantado toda esta infraestructura que servirá para albergar a más de 7,500 personas, estableciendo que aproximadamente 6,000 son atletas”, agregó.
El funcionario mencionó que ese lugar es la columna vertebral de los juegos, porque allí es donde se van a hospedar los atletas, no solamente el contingente salvadoreño, sino que todas las delegaciones de todas las disciplinas deportivas.
El Gobierno del presidente Bukele está cumpliendo con las exigencias necesarias para una competencia de alto nivel, aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detallando que la inversión es de $48 millones, la cual implica la intervención de más de 50 manzanas.
“Se están construyendo más de 1,000 baños, es decir que por cada cuatro atletas se tendrá un baño y una ducha. Para dar un detalle de las construcciones de acuerdo con las normativas de construcción, por cada 20 personas normalmente se tiene un baño y un espacio de duchas y nosotros en este caso por cada cuatro personas estamos poniendo este tipo de cosas”, informó Rodríguez.
En total, el MOP construye 13 edificios en la villa e iniciarán con el mejoramiento de todas las aceras y espacios peatonales y fachadas. Serán intervenidas ocho fachadas y construirán una en el sector deportivo. La organización de los juegos es un trabajo articulado por diferentes instituciones que integran el Gabinete Deportivo, conformado, a su vez, por varias carteras del Estado, en coordinación con el Comité Organizador (COSSAN2023), el INDES, el Comité Olímpico de El Salvador (COES) y la Alcaldía de San Salvador, entre otras.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
