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Gobierno salvadoreño envía funcionaria a Tulum, donde los policías sometieron a una migrante salvadoreña hasta matarla
El Gobierno salvadoreño continúa el proceso para buscar justicia en el caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, salvadoreña migrante que fue víctima de la brutalidad policial en un poblado al norte de México.
Desde el domingo 28 de marzo en la noche, el Presidente Nayib Bukele exigió justicia para la connacional, que dejó a dos niñas en orfandad. “Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”, expresó el mandatario. “Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten”, subrayó también el gobernante.
El lunes por la tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño designó a una funcionaria para encargarse del asunto en directo. “Nuestra Directora de Asistencia y Protección Humanitaria ya se desplaza a Tulum, Quintana Roo, junto con personal del Consulado General de El Salvador en Acayucan, para dar seguimiento de todas las diligencias en desarrollo, en este proceso también trabaja nuestra embajada”, destacó la cancillería en sus redes sociales.
También, el mismo lunes, los familiares de Salazar Arriaza llegaron a las oficinas de Relaciones Exteriores para recibir el acompañamiento de las autoridades, en atención a la orden que dio el Presidente Bukele.
Hasta el mismo gobernante mexicano, Manuel López Obrador, pidió disculpas en un foro de Naciones Unidas por la muerte violenta de la salvadoreña migrante. Los cuatro agentes involucrados ya están detenidos.
En México, alrededor de 10 mujeres mueren a diario. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres afirman que el dominio de la cultura machista es la principal causa de miles y miles de mujeres asesinadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
Ganaderos del distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte recibieron la visita de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quienes junto a la alcaldía Municipal de San Miguel Norte, desarrollamos una campaña de vacunación y desparasitación del ganado, con el fin de combatir rastro del Gusano Barrenador, así como aplicar vitaminas a los semovientes.
«Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por estar participando junto con nosotros y nuestros ganaderos en todo San Miguel Norte, y hoy correspondió a Chapeltique estar colocando desparasitante al ganado», mencionó el alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez.
Este tipo de acciones se han desarrollado en otros distritos de San Miguel Norte, que fundamentan su economía en el comercio, la agricultura y la ganadería, de momento no se ha dado a conocer el número exacto de alcance que han tenido en el hato ganadero de la zona ya que continúan trabajando.
Los ganaderos beneficiados manifestaron sentirse agradecidos con el apoyo que el MAG les ha brindado junto a la municipalidad y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que estas acciones fortalecen la ganadería en la zona de San Miguel Norte y contribuyen con la economía local.
