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FGR solicita más de $142 millones en presupuesto de 2024
Seguir defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado, garantizar la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, fortalecer el acceso a la justicia con énfasis en la niñez, adolescencia, mujer y población vulnerable son las áreas en las que la Fiscalía General de la República (FGR) proyecta destinar los más de $142 millones de su presupuesto de 2024.
En su intervención ante la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el monto solicitado asciende a $142,315,472, dinero que servirá para mejorar los servicios que brindan a la población.
Lo solicitado por el ministerio público equivale al 1.57 % del monto total del presupuesto general del Estado para 2024. «Es importante que dispongamos de los recursos para defender los derechos de los ciudadanos. La Fiscalía apoya al Ministerio de Seguridad en la implementación de las políticas de Estado que garantizan la seguridad de los salvadoreños», enfatizó Delgado a los legisladores.
El funcionario explicó que la propuesta presupuestaria es $15,784,449 para la dirección y administración institucional, $55,713,390 para la defensa de los intereses de la sociedad, $7,377,680 para la defensa de los intereses del Estado, $10,097,955 para el centro de intervención de las telecomunicaciones, $10,261,703 dirigidos a igualdad sustitutiva y vida libre de violencia para las mujeres, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables; y $43,080,295 para estructura física.
Respecto a las elecciones de 2024, el fiscal explicó que le solicitaron al Ministerio de Hacienda $1,370,262, con el fin de asegurar la representación de los delegados del fiscal electoral en todos los centros de votación y garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
Además, el funcionario dijo a los parlamentarios que su institución ha trabajado en coordinación con Hacienda para combatir la evasión fiscal, y eso ha permitido una más eficiente recolección de impuestos y multas y procesado a más evasores.
«Esta administración ha incrementado en un 300 % la recaudación, comparado con las gestiones anteriores. Durante mi gestión llevamos recaudado alrededor de $57.3 millones versus $17 millones que se recolectaban en administra ciones pasadas», indicó Delgado.
El titular de la FGR enfatizó que los fondos requeridos permitirán seguir defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado, garantizar la operatividad del centro de intervenciones de las telecomunicaciones, fortalecer el acceso a la justicia con énfasis en la niñez, adolescencia, mujer y población vulnerable, y mejorar las condiciones de trabajo del personal fiscal, de apoyo y administrativo para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión institucional.
«Sobre los proyectos de inversión pública, tenemos la construcción, el equipamiento y la modernización de las oficinas centrales. Hasta el momento se lleva un 5.28% de avance en la construcción de las oficinas centrales. Esto es muy importante porque queremos mejorar las condiciones de los empleados para que realicen su labor», agregó el funcionario. El fiscal general sostuvo que requieren adquirir herramientas tecnológicas para mejorar las investigaciones.
TRABAJO INSTITUCIONAL
El fiscal destaca la inversión en la construcción del edificio para la FGR, el cual tendrá las condiciones adecuadas para continuar brindando atención integral a las víctimas y usuarios.
Delgado dice que las instituciones dedicadas a perseguir a los corruptos y a las estructuras criminales deben contar con todas las herramientas y recursos necesarios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
