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FGR solicita más de $142 millones en presupuesto de 2024
Seguir defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado, garantizar la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, fortalecer el acceso a la justicia con énfasis en la niñez, adolescencia, mujer y población vulnerable son las áreas en las que la Fiscalía General de la República (FGR) proyecta destinar los más de $142 millones de su presupuesto de 2024.
En su intervención ante la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, el fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el monto solicitado asciende a $142,315,472, dinero que servirá para mejorar los servicios que brindan a la población.
Lo solicitado por el ministerio público equivale al 1.57 % del monto total del presupuesto general del Estado para 2024. «Es importante que dispongamos de los recursos para defender los derechos de los ciudadanos. La Fiscalía apoya al Ministerio de Seguridad en la implementación de las políticas de Estado que garantizan la seguridad de los salvadoreños», enfatizó Delgado a los legisladores.
El funcionario explicó que la propuesta presupuestaria es $15,784,449 para la dirección y administración institucional, $55,713,390 para la defensa de los intereses de la sociedad, $7,377,680 para la defensa de los intereses del Estado, $10,097,955 para el centro de intervención de las telecomunicaciones, $10,261,703 dirigidos a igualdad sustitutiva y vida libre de violencia para las mujeres, niñez, adolescencia y otros grupos vulnerables; y $43,080,295 para estructura física.
Respecto a las elecciones de 2024, el fiscal explicó que le solicitaron al Ministerio de Hacienda $1,370,262, con el fin de asegurar la representación de los delegados del fiscal electoral en todos los centros de votación y garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
Además, el funcionario dijo a los parlamentarios que su institución ha trabajado en coordinación con Hacienda para combatir la evasión fiscal, y eso ha permitido una más eficiente recolección de impuestos y multas y procesado a más evasores.
«Esta administración ha incrementado en un 300 % la recaudación, comparado con las gestiones anteriores. Durante mi gestión llevamos recaudado alrededor de $57.3 millones versus $17 millones que se recolectaban en administra ciones pasadas», indicó Delgado.
El titular de la FGR enfatizó que los fondos requeridos permitirán seguir defendiendo los intereses de la sociedad y del Estado, garantizar la operatividad del centro de intervenciones de las telecomunicaciones, fortalecer el acceso a la justicia con énfasis en la niñez, adolescencia, mujer y población vulnerable, y mejorar las condiciones de trabajo del personal fiscal, de apoyo y administrativo para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión institucional.
«Sobre los proyectos de inversión pública, tenemos la construcción, el equipamiento y la modernización de las oficinas centrales. Hasta el momento se lleva un 5.28% de avance en la construcción de las oficinas centrales. Esto es muy importante porque queremos mejorar las condiciones de los empleados para que realicen su labor», agregó el funcionario. El fiscal general sostuvo que requieren adquirir herramientas tecnológicas para mejorar las investigaciones.
TRABAJO INSTITUCIONAL
El fiscal destaca la inversión en la construcción del edificio para la FGR, el cual tendrá las condiciones adecuadas para continuar brindando atención integral a las víctimas y usuarios.
Delgado dice que las instituciones dedicadas a perseguir a los corruptos y a las estructuras criminales deben contar con todas las herramientas y recursos necesarios.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
