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FGR ordena captura de sujetos por renovar permisos de arma con documentos falsos
La Fiscalía General de la República, en un procedimiento realizado esta madrugada en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de doce sujetos, quienes de forma ilegal, acudían al Registro y Control de Armas en la ciudad de Santa Ana, a renovar los permisos para la portación de armas de fuego, utilizando documentos ilegales.
En total fueron 12 los registros con prevención de allanamiento los que se realizaron en diferentes puntos del país como Metapán, Santa Ana; San Pablo Tacachico, La Libertad y San Salvador, entre otros.
#Operativo I Las investigaciones contra esta estructura iniciaron en el año 2022.
La @FGR_SV también ordenó allanamientos en diferentes puntos del país como Metapán, en Santa Ana; San Pablo Tacachico, en La Libertad y en San Salvador, entre otros.
Hasta el momento se ha… pic.twitter.com/ZE2PPtRMtU
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 12, 2023
Hasta este momento se ha detenido a: José Raúl Figueroa, Roberto Hipolito Guzmán, Evert Albino Morales Linares, Luis Antonio Sandoval Menéndez, Wilber Amilcar Clavel, Joaquín Antonio Colocho Flores y Jairo Misael Beza Flores.
A los capturados se les acusa de haber cometido los delitos de falsedad ideológica y simulación de delito.
Los imputados operaban presentándose a la oficina del Registro y Control de Armas – sede de Santa Ana- con una denuncia por robo o extravío del permiso para portar armas, la cual, previamente habían interpuesto en sede policial; sin embargo, el personal de esa oficina logró
verificar una serie de inconsistencias en el trámite realizado.
“Las investigaciones han logrado determinar que estas personas han burlado ciertos procedimientos y así obtuvieron permisos por reposición de las licencias”, señaló la fiscal del caso de la Unidad de Administración de Justicia de la Oficina Fiscal de Santa Ana.
Las investigaciones sobre estos casos que hoy se han operativizado iniciaron en el año 2020.
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Círculo cuestiona informe de organizaciones sobre DDHH
Los informes de organizaciones internacionales que afirman que en El Salvador hay violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción forman parte de una agenda que busca «destruir» al país, advierte el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 28.
«En los últimos días se han visto cantidades de informes de organizaciones internacionales marcando una agenda única, para tratar de destruir un país, y tratar de echar atrás todo lo logrado con un declarado irrespeto a su soberanía», sostiene el Círculo de Reflexión.
Analistas del mismo plantean que el contenido de dichos informes es sesgado, poco creíble e ideológico. «Informes cuyas características son el sesgo ideológico promovido por una izquierda comunista internacional que está perdiendo espacios y credibilidad en las naciones libres e independientes», sostienen.
El grupo añade que «como parte de estas acciones desesperadas, contratan dizque “expertos” que ni tan siquiera visitan ni conocen la realidad de un país, y se atreven elaborar informes de denuncia, con marcado sesgo político e ideológico, carente de cualquier fundamento científico de la investigación social».
Agrega que los insumos y fuentes para elaborar este tipo de informes son de «organizaciones de tendencia sesgada, que gozaron de las prebendas y privilegios de los gobiernos de izquierda y que nunca fueron capaces de denunciar crímenes horrendos en contra de la población». Sostienen que estas organizaciones tienen un afán claro: «Sobrevivir y conseguir financiamiento», sin importarles el bienestar social.
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Policía intensifica patrullajes en zonas turísticas en vísperas de Semana Santa
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
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FGR activa centro especializado para procesar evidencia del caso Credicash
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».




