Judicial
FGR acusa a un hombre de violar a una niña de 11 años que iba a la farmacia
Juan Ramón Andrade, de 49 años, violó a una niña de 11 años a quien después la amarró de las manos, pies y boca y la dejó abandonada en una casa deshabitada en los alrededores de un lugar conocido como El Triángulo en San Miguel.
La Fiscalía dijo que el hecho ocurrió en enero de 2018 cuando la madre de la menor la mandó a comprar leche a una farmacia para la hermana recién nacida.
Andrade sorprendió a la niña en en la calle, a quien le tapó la boca con la mano y la llevó a una vivienda deshabitada y abandonada.
Bajo amenazas de muerte, hacia la víctima y su familia, el sujeto la violó y después de consumar el acto la dejó amarrada de pies y manos y huyó del lugar.
Posteriormente, la familia interpuso la denuncia ante las autoridades y el sujeto fue capturado.
El jueves se realizó la vista pública en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel en donde el sujeto fue condenado a 18 años al ser acusado por el delito de violación en menor incapaz.
El juez emitió la sentencia con base a las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el ministerio público.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
