Nacionales
El 95 % del presupuesto 2022 del MOP será destinado a obras de inversión
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó a «Diario El Salvador» que el 95 % del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para 2022 será destinado a obras de inversión, es decir, a proyectos de construcción de nuevas vías, reconstrucciones y proyectos de infraestructura que tendrán un impacto en el desarrollo económico, la conectividad y la movilidad en el país.
Por lo tanto, el MOP tiene $113 millones para proyectos de inversión, y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) tendrá más de $100 millones para que se ejecuten los diferentes proyectos de inversión, como el mantenimiento de más de 7,000 kilómetros de carretera.
«Si lo sumamos, el MOP más Fovial tienen $226 millones que se van a ejecutar de inversión por parte de las dos instituciones. Esto es para desarrollar nuevos proyectos de carretera y construir proyectos de infraestructura tanto vial como turísticos, así como proyectos de movilidad y de transporte», indicó el ministro Romeo Rodríguez.
Del 95 % para inversión que proyecta el MOP se destina una parte para apoyo a otras instituciones que son adscritas a dicha institución, como el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), que recibirá cerca de $4 millones para desarrollar actividades de seguridad vial como señalización y brindar atención a las víctimas de accidentes. De igual forma, se le brindarán $16 millones a la ANDA para que desarrolle proyectos de inversión para llevar agua potable a diferentes comunidades.
El presupuesto del MOP será de $332 millones, y el 5 % servirá para costos de operación de la institución, como gastos administrativos y de mantenimiento.
Del presupuesto también se invertirán $22 millones en caminos rurales y en los siete pasos a desnivel de San Salvador, de los cuales el del redondel Utila ya está adjudicado por $5.8 millones. Otros proyectos que se harán el siguiente año serán un paso a desnivel en el redondel Monseñor Romero y en El Triángulo, en San Miguel.
Además, se destinarán $28 millones para obras de mitigación. Algunas de las áreas que se intervendrán serán el río Achelhuate y la comunidad Santa Carlota, donde se hará una obra de mitigación por $1.5 millones. También en el puente en el río Chilama, La Libertad, por $2 millones; en la quebrada El Piro, Bosques de La Paz, y una cárcava en la colonia San Antonio 4, en San Marcos. Asimismo, se harán obras de control de erosión para detener la formación de cárcavas.
PROYECTOS QUE MEJORAN LA ECONOMÍA
De acuerdo con el titular del MOP, el 95 % destinado a proyectos de inversión implica la generación de miles de empleos directos e indirectos. «Además, la obra en sí también va a tener su impacto directo en la economía, es decir, un puente que vamos a construir en un lugar donde no había puente, donde las personas se cruzaban un río para llegar a una escuela. Eso implicaba un riesgo. Ahora eso va a cambiar. Vamos a llevar desarrollo a las comunidades», explicó el ministro.
En el presupuesto del MOP se incluyen grandes proyectos como la ampliación de la carretera Los Chorros, que beneficiará a unos 60,000 conductores que transitan cada día en la zona y que antes se veían afectados por el gasto de combustible y la depreciación de sus vehículos.
Según detalló el funcionario, también se favorecerá el traslado de mercancías, porque toda la carga que proviene del puerto de Acajutla, que tenía que ingresar por Lourdes y Ateos, ahora podrá trasladarse en el periférico Claudia Lars y la carretera de Los Chorros. Rodríguez indicó que se tendrá un «impacto increíble en la economía nacional, reduciendo los costos de transporte, de mercancía», dijo, y explicó que hace al país «más competitivo», lo que incrementa las exportaciones, la generación de empleos y el consumo, lo que se traduce en nuevas fuentes de ingresos para las familias.
Por lo tanto, la inversión pública favorecerá la dinamización de la economía nacional.
Por: Diario El Salvador.
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
Principal
Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
