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«Douglas Meléndez y exjefe de UIF de la FGR, Jorge Cortez instauraron un sistema de coacción y tortura de testigos», abogada Tahnya Pastor
Douglas Meléndez pasó de ser acusador a acusado de forma vertiginosa luego de que se reveló que habría incurrido en la coacción, que algunas víctimas también calificaron de tortura, para obetener condenas a como de lugar y de esa forma safisfacer a sus protectores, tal y como consta en los avisos presentados en la Fiscalía General de la República (FGR), que en su momento dirigió el hoy destituido Raúl Melara Morán.
Entre la larga lista de denuncias en contra de Douglas Meléndez se encuentran las presentadas por fiscales y empleados administrativos de la FGR, quienes revelaron que el secreto del hoy exfiscal general para obtener condenas en casos de alto perfil mediático fue presionar hasta el extremo, para que personas que incluso no sabían nada del caso aceptaran ser testigos con criterio de oportunidad, o criteriados como se les conoce en la jerga judicial.
Los fiscales que inicialmente fueron testigos criteriados en el caso “Corruptela” expusieron en los tribunales de justicia cómo eran retenidos en largos interrogatorios, en los que no se les permitía ni tomar agua, además se les exigía que afirmaran hechos de los que ellos no tenían conocimiento, y por tanto incurrirían en fraude procesal y falsos testimonios.
Los denunciantes coincidieron en señalar a Jorge Cortez, exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en ese entonces miembro del círculo más íntimo del fiscal Meléndez, como el responsable de ordenar las torturas a las que eran sometidos en cada interrogatorio.
Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, condenado en el caso “Destape a la Corrupción” a través de sus abogados también denunció a Douglas Meléndez y Jorge Cortez, exjefe de la Unidad de Investigación financiera de la FGR por los delitos de actos arbitrarios, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Tahnya Pastor, abogada de Rodríguez Artreaga, relató que en su momento la FGR citó a su cliente y lo presionó para que se criteriara, incluso se le negó el derecho de pedir un abogado, como se negó se le incluyó en la lista de acusados en el caso “Destape a la Corrupción”.
Fue este proceso uno de los que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas analizó, y usó como fundamento para resolver que, efectivamente, en la gestión de Douglas Meléndez, Jorge Cortez y su círculo cercano, la FGR fabricaba procesos con pruebas falsas e ilegales, tal como sucedió con el empresario Enrique Rais y se ordenó al Estado Salvadoreño que se restituyan todos los derechos del señor Rais, se repare el daño y se proceda a su liberación inmediata. @lanoticiasv
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.
La medianoche de este martes 24 de marzo, la Marina y la Fuerza Armada de El Salvador difundieron información sobre el rescate de 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana en sus costas. De acuerdo con el reporte, dos de ellos presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladados a puerto seguro en la Base Naval de La Unión. El resto arribaría en las próximas horas para verificar su estado de salud y estatus legal.
La noticia se conoció rápidamente en Ecuador, en medio de la desesperación e incertidumbre que viven los familiares de 16 pescadores desaparecidos que viajaban en la embarcación Negra Francisca Duarte II, oriundos de la parroquia San Mateo de Manta y del cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí.
Este reporte internacional ha generado un fuerte impacto entre los allegados, quienes han reactivado sus esperanzas al coincidir el número de náufragos —16— con el de los pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes 17 de marzo. Ese día, las autoridades de la Armada del Ecuador confirmaron el incendio de la embarcación en altamar, cuando sus tripulantes se encontraban en ruta de retorno hacia puerto.
Familias buscan confirmación oficial
Ante esta situación, la mañana de este martes 24 de marzo, familiares de los pescadores se trasladaron hasta la Capitanía del Puerto de Manta en busca de información oficial. En el lugar, el abogado de las familias, Jorge Chiriboga, indicó que, tras conocer el reporte, intentaron comunicarse con el call center de la Armada de El Salvador sin obtener respuestas claras sobre el rescate de los náufragos.
Por ello, decidieron acudir personalmente a la Capitanía, con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas establezcan contacto directo con sus pares en El Salvador y puedan confirmar si los rescatados corresponden o no a los pescadores manabitas desaparecidos.
Con centenares de velas encendidas, los allegados elevaron plegarias por sus parientes perdidos en el océano.
Ecuador
Mientras tanto, los familiares permanecen en los exteriores de la Capitanía, aferrados a la esperanza que hoy vuelve a tomar fuerza, a la espera de una confirmación que podría cambiar el rumbo de esta historia.
A 20 años de prisión fue condenado Elmer Josué Mancía, alias «Jocote», por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante a quien la Fiscalía General de la Republica le otorgó la clave «5-2023», para proteger su identidad.
En la vista pública que realizó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, declararon varios testigos, entre ellos, agentes expertos en investigar extorsiones.
El juez de la causa también dispuso de declaración de clave «5-2023», con quien el ministerio público acreditó que el extorsionista participó en el chantaje.
Un extorsionista alias «Diablito» de la Mara Salvatrucha llegó al negocio de la víctima y amenazó con asesinarla junto a sus empleados y familia, si no pagaba $80 mensuales.
Fueron 10 años de extorsión a los que el comerciante estuvo sometido, comenzaron a exigirle dinero en el 2013 y finalizaron en el 2023, el fiscal del caso, dijo que pese a la instauración del régimen de excepción clave «5-2023», estuvo entregando el dinero.
Desde el 2013, a víctima pagó la cantidad a diversos pandilleros, pero últimamente se quedó cobrando los $80, Elmer Josué Mancía. Con el régimen de excepción el comerciante perdió el miedo y denunció el caso.
El fiscal del caso al exponer sus alegatos finales le dijo al juez que la víctima corroboró mediante su testimonio que fue el imputado quien estuvo recogiendo el dinero, además los investigadores que trabajaron en el caso reforzaron la declaración del afectado.
Un agente investigador de extorsiones que declaró, dijo al juez que identificó al imputado como el extorsionista que llegaba a recoger el dinero, lo logró a través de una entrega controlada efectuada el 19 de enero 2023, en la colonia El Carmen, Barrio La Vega, San Salvador.
Ubicó al chantajista cuando formaba parte del equipo 2, pero no lo detuvieron ya que pasó la información al investigador del caso para que después la Fiscalía emitiera la orden de arresto.
«Esta representación ha podido probar los extremos procesales de esta extorsión agravada. Se tiene un caso bien documentado y pese haberse instaurado el régimen de excepción seguía recogiendo el dinero», expuso el fiscal al juez.
