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Director del Hospital San Rafael explica que cifra diaria de contagios llegaría a 500 de no aprobarse cuarentena de 15 días
Foto: @SecPrensaSV
Este lunes, el director del Hospital San Rafael de Santa Tecla, Yeerles Ramírez afirmó que en dos semanas los casos positivos por COVID-19 podrían ascender a 500 diarios de no aprobarse la cuarentena de 15 días solicitada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, recordó que los datos revelados este domingo son preocupantes porque el número de contagios en un día llegó a los 304 y que en los últimos días la tendencia es al alza.
“Parte de la solución para frenar los contagios masivos es la cuarentena de 15 días. Hoy más que nunca es necesaria para que los hospitales puedan absorber la cantidad de pacientes que surgen a diario”, afirmó durante la entrevista La Tertulia.
El director Ramírez lamentó que los diputados no aprueben la cuarentena estricta propuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, ellos piensan en hacer su trabajo desde plataformas digitales en sus viviendas y no llegar a la Asamblea Legislativa.
“Quieren teletrabajo para ellos y quieren abrir la economía para que exista más movilidad de personas. Pero no quieren dar sus votos para la cuarentena estricta que pide el Ministerio de Salud”, enfatizó.
“La importancia de la cuarentena es disminuir el número de casos y la transmisibilidad a pacientes nuevos. Si esto no se hace de forma pronta y efectiva, vamos a ver como colapsa toda la red hospitalaria del país”, indicó el director del Hospital Nacional San Rafael.
El galeno reiteró que el hospital que dirige, así como el resto de los nosocomios de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que atienden casos de COVID-19, siempre están al límite.
“Si no tuviéramos el Hospital El Salvador, con seguridad en este momento ya hubieran colapsado los hospitales nacionales. El Hospital Nacional San Rafael no tiene tanta capacidad para atender pacientes ventilados”, explicó y dijo que este domingo ese nosocomio registró 51 ingresos de hospitalización de pacientes graves de COVID-19, siendo una cifra muy alta en un solo día.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
