Nacionales
Director de FUNDE, Roberto Rubio, admite que recibió sobresueldo mensual de $2,300 en quinquenio de Saca
El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, admitió en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios y personas naturales y jurídicas que él recibió un sobresueldo de $2,300 mensuales en el quinquenio de Elías Antonio Saca, es decir que cobró un total de $138,000 durante esa administración.
Los diputados señalaron que esos fondos provenían de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, de acuerdo a declaraciones que rindieron en esa mesa legislativa, meses atrás, el expresidente Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.
Pese a que en la Comisión se proyectó un video en el que ambos exfuncionarios revelan el monto y el concepto bajo el que se le entregó el dinero a Rubio, él negó los señalamientos y aseguró que los recursos le fueron desembolsados como pago de “honorarios”, ya que fue parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), junto con Sandra de Barraza, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo.
El delegado de Funde —quien maneja en los medios de comunicación un discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas, aseguró que en la administración de Armando Calderón Sol también recibió un pago de ₡20 mil por haber ayudado en la creación del Plan de Nación.
A los cuestionamientos de la Comisión, Rubio expresó que los fondos que le entregaron en los gobiernos areneros no pueden considerarse sobresueldos, porque él no se desempeñó como funcionario ni empleado público, sino que prestó servicios profesionales.
Aunque los diputados le señalaron que su nombre aparece en un Decreto Ejecutivo en el que se le menciona como comisionado presidencial, el entrevistado mantuvo su versión e intentó evadir más preguntas. Al respecto, el presidente de la Comisión, Jorge Castro, concluyó que el rol que Rubio desempeño era una especie de híbrido entre funcionario público y consultor, por lo que no había transparencia en el cargo.
Sobre el origen del dinero que recibía, el delegado de la organización dijo que desconocía que provenía de la partida de Gastos Reservados. Según él, era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que le extendía cheques o hacía transferencias bancarias.
“Haberlo dado (el dinero) de la partida secreta es ilegal e incorrecto. Tenían que haberlo dado de la partida de gastos que se le había asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo para su funcionamiento y para el pago de las personas que trabajaban ahí”, respondió Rubio cuando el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le preguntó si era correcto que le pagaran con fondos de Gastos Reservados.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) graduó a 162 mujeres participantes del programa de atención educativa bajo modalidades educativas alternas como bachilleres, en la opción general. Todas culminaron satisfactoriamente su proceso formativo a través de la opción semipresencial y la estrategia de Prueba de Suficiencia.
«Este acto representa mucho más que la entrega de un diploma es la afirmación que la educación transforma vidas, abre oportunidades y fortalece el camino hacia la autonomía económica y el empoderamiento personal», manifestó la presidenta de Isdemu, Yanci Salmerón de Artiga.
Las tituladas provienen de distintos departamentos del país, entre ellos Santa Ana, San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Morazán. La culminación de sus estudios de bachillerato representa un elemento clave para ampliar sus posibilidades de inserción laboral, emprendimiento y desarrollo.
Esta iniciativa forma parte del proyecto de «Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador», el cual es financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
La ceremonia de graduación se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Educación (Mined), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) del Ministerio de Relaciones Exteriores y el despacho de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de Gobierno
El Vicario Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó este lunes, que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra el Presbitero Edgar Lisandro Winter Coronado.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador en el comunicado oficial.
La autoridad católica informó que en determinado momento darán la resolución que la iglesia católica dicte sobre este caso en contra del sacerdote quien es el párroco de la Parroquia Santa María de la Encarnación San Marcos.
En un caso similar, a inicios de este año, Jesús Orlando Erazo Gálvez, exsacerdote de la parroquia de San Cristóbal, fue condenado como ausente a 14 años de prisión en julio de 2024 por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán por abuso sexual en contra de una menor de edad.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició una audiencia única abierta en contra de siete personas acusadas de los delitos de estafa y agrupaciones ilícitas en el caso relacionado con la Corporación Argoz S.A. de C.V. que afectó a miles de personas en todo el país.
De acuerdo a la Fiscalía, estas personas se dedicaban a la venta ilegal de lotes en Sonsonate y Santa Ana, sin contar con los permisos para hacerlo. Cientos de víctimas pagaron por los inmuebles, pero nunca recibieron las escrituras.
«Entre los procesados están Rodrigo y Natalia Gómez Farfán, además de Leticia Farfán, a quien se le atribuye el delito de lavado de dinero tras hallarle más de $297,000.00», informó la Fiscalía.
Según la investigación fiscal, la estructura de estafa venía operando a nivel nacional desde 1995, creando sociedades para lotificar propiedades. Miles de personas engañadas han denunciado que terminaron de pagar los terrenos, pero no recibieron ninguna cancelación o algún documento que los acredite como titulares de la propiedad.
En este mismo caso, en agosto de 2025, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador de Soyapango, ordenó detención para 16 personas. La audiencia de imposición de medidas fue para 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos están: Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.
Cuando fueron arrestados el 24 de julio de 2025, la Fiscalía les decomisó $34,420 en efectivo.
El expediente fiscal detalla que la estructura introdujo en el sistema financiero salvadoreño grandes cantidades de dinero no justificadas.
El ministerio público ha determinado que la lotificadora ha defraudado con un monto de $46,271,000,49 a miles de personas de 11 departamento del país.
Desde la intervención de la Fiscalía en el 2023, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda, han logrado regularizar 76,056 lotes de los afectados por la empresa Argoz. Esto equivale a $760.5 millones recuperados.
