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Director de FUNDE, Roberto Rubio, admite que recibió sobresueldo mensual de $2,300 en quinquenio de Saca
El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, admitió en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios y personas naturales y jurídicas que él recibió un sobresueldo de $2,300 mensuales en el quinquenio de Elías Antonio Saca, es decir que cobró un total de $138,000 durante esa administración.
Los diputados señalaron que esos fondos provenían de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, de acuerdo a declaraciones que rindieron en esa mesa legislativa, meses atrás, el expresidente Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.
Pese a que en la Comisión se proyectó un video en el que ambos exfuncionarios revelan el monto y el concepto bajo el que se le entregó el dinero a Rubio, él negó los señalamientos y aseguró que los recursos le fueron desembolsados como pago de “honorarios”, ya que fue parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), junto con Sandra de Barraza, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo.
El delegado de Funde —quien maneja en los medios de comunicación un discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas, aseguró que en la administración de Armando Calderón Sol también recibió un pago de ₡20 mil por haber ayudado en la creación del Plan de Nación.
A los cuestionamientos de la Comisión, Rubio expresó que los fondos que le entregaron en los gobiernos areneros no pueden considerarse sobresueldos, porque él no se desempeñó como funcionario ni empleado público, sino que prestó servicios profesionales.
Aunque los diputados le señalaron que su nombre aparece en un Decreto Ejecutivo en el que se le menciona como comisionado presidencial, el entrevistado mantuvo su versión e intentó evadir más preguntas. Al respecto, el presidente de la Comisión, Jorge Castro, concluyó que el rol que Rubio desempeño era una especie de híbrido entre funcionario público y consultor, por lo que no había transparencia en el cargo.
Sobre el origen del dinero que recibía, el delegado de la organización dijo que desconocía que provenía de la partida de Gastos Reservados. Según él, era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que le extendía cheques o hacía transferencias bancarias.
“Haberlo dado (el dinero) de la partida secreta es ilegal e incorrecto. Tenían que haberlo dado de la partida de gastos que se le había asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo para su funcionamiento y para el pago de las personas que trabajaban ahí”, respondió Rubio cuando el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le preguntó si era correcto que le pagaran con fondos de Gastos Reservados.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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