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Director de FUNDE, Roberto Rubio, admite que recibió sobresueldo mensual de $2,300 en quinquenio de Saca
El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, admitió en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios y personas naturales y jurídicas que él recibió un sobresueldo de $2,300 mensuales en el quinquenio de Elías Antonio Saca, es decir que cobró un total de $138,000 durante esa administración.
Los diputados señalaron que esos fondos provenían de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, de acuerdo a declaraciones que rindieron en esa mesa legislativa, meses atrás, el expresidente Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.
Pese a que en la Comisión se proyectó un video en el que ambos exfuncionarios revelan el monto y el concepto bajo el que se le entregó el dinero a Rubio, él negó los señalamientos y aseguró que los recursos le fueron desembolsados como pago de “honorarios”, ya que fue parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), junto con Sandra de Barraza, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo.
El delegado de Funde —quien maneja en los medios de comunicación un discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas, aseguró que en la administración de Armando Calderón Sol también recibió un pago de ₡20 mil por haber ayudado en la creación del Plan de Nación.
A los cuestionamientos de la Comisión, Rubio expresó que los fondos que le entregaron en los gobiernos areneros no pueden considerarse sobresueldos, porque él no se desempeñó como funcionario ni empleado público, sino que prestó servicios profesionales.
Aunque los diputados le señalaron que su nombre aparece en un Decreto Ejecutivo en el que se le menciona como comisionado presidencial, el entrevistado mantuvo su versión e intentó evadir más preguntas. Al respecto, el presidente de la Comisión, Jorge Castro, concluyó que el rol que Rubio desempeño era una especie de híbrido entre funcionario público y consultor, por lo que no había transparencia en el cargo.
Sobre el origen del dinero que recibía, el delegado de la organización dijo que desconocía que provenía de la partida de Gastos Reservados. Según él, era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que le extendía cheques o hacía transferencias bancarias.
“Haberlo dado (el dinero) de la partida secreta es ilegal e incorrecto. Tenían que haberlo dado de la partida de gastos que se le había asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo para su funcionamiento y para el pago de las personas que trabajaban ahí”, respondió Rubio cuando el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le preguntó si era correcto que le pagaran con fondos de Gastos Reservados.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
