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Director de FUNDE, Roberto Rubio, admite que recibió sobresueldo mensual de $2,300 en quinquenio de Saca
El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, admitió en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios y personas naturales y jurídicas que él recibió un sobresueldo de $2,300 mensuales en el quinquenio de Elías Antonio Saca, es decir que cobró un total de $138,000 durante esa administración.
Los diputados señalaron que esos fondos provenían de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, de acuerdo a declaraciones que rindieron en esa mesa legislativa, meses atrás, el expresidente Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.
Pese a que en la Comisión se proyectó un video en el que ambos exfuncionarios revelan el monto y el concepto bajo el que se le entregó el dinero a Rubio, él negó los señalamientos y aseguró que los recursos le fueron desembolsados como pago de “honorarios”, ya que fue parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), junto con Sandra de Barraza, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo.
El delegado de Funde —quien maneja en los medios de comunicación un discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas, aseguró que en la administración de Armando Calderón Sol también recibió un pago de ₡20 mil por haber ayudado en la creación del Plan de Nación.
A los cuestionamientos de la Comisión, Rubio expresó que los fondos que le entregaron en los gobiernos areneros no pueden considerarse sobresueldos, porque él no se desempeñó como funcionario ni empleado público, sino que prestó servicios profesionales.
Aunque los diputados le señalaron que su nombre aparece en un Decreto Ejecutivo en el que se le menciona como comisionado presidencial, el entrevistado mantuvo su versión e intentó evadir más preguntas. Al respecto, el presidente de la Comisión, Jorge Castro, concluyó que el rol que Rubio desempeño era una especie de híbrido entre funcionario público y consultor, por lo que no había transparencia en el cargo.
Sobre el origen del dinero que recibía, el delegado de la organización dijo que desconocía que provenía de la partida de Gastos Reservados. Según él, era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que le extendía cheques o hacía transferencias bancarias.
“Haberlo dado (el dinero) de la partida secreta es ilegal e incorrecto. Tenían que haberlo dado de la partida de gastos que se le había asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo para su funcionamiento y para el pago de las personas que trabajaban ahí”, respondió Rubio cuando el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le preguntó si era correcto que le pagaran con fondos de Gastos Reservados.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
