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Director de FUNDE, Roberto Rubio, admite que recibió sobresueldo mensual de $2,300 en quinquenio de Saca
El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, admitió en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios y personas naturales y jurídicas que él recibió un sobresueldo de $2,300 mensuales en el quinquenio de Elías Antonio Saca, es decir que cobró un total de $138,000 durante esa administración.
Los diputados señalaron que esos fondos provenían de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, de acuerdo a declaraciones que rindieron en esa mesa legislativa, meses atrás, el expresidente Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.
Pese a que en la Comisión se proyectó un video en el que ambos exfuncionarios revelan el monto y el concepto bajo el que se le entregó el dinero a Rubio, él negó los señalamientos y aseguró que los recursos le fueron desembolsados como pago de “honorarios”, ya que fue parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), junto con Sandra de Barraza, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo.
El delegado de Funde —quien maneja en los medios de comunicación un discurso a favor de la transparencia y rendición de cuentas, aseguró que en la administración de Armando Calderón Sol también recibió un pago de ₡20 mil por haber ayudado en la creación del Plan de Nación.
A los cuestionamientos de la Comisión, Rubio expresó que los fondos que le entregaron en los gobiernos areneros no pueden considerarse sobresueldos, porque él no se desempeñó como funcionario ni empleado público, sino que prestó servicios profesionales.
Aunque los diputados le señalaron que su nombre aparece en un Decreto Ejecutivo en el que se le menciona como comisionado presidencial, el entrevistado mantuvo su versión e intentó evadir más preguntas. Al respecto, el presidente de la Comisión, Jorge Castro, concluyó que el rol que Rubio desempeño era una especie de híbrido entre funcionario público y consultor, por lo que no había transparencia en el cargo.
Sobre el origen del dinero que recibía, el delegado de la organización dijo que desconocía que provenía de la partida de Gastos Reservados. Según él, era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que le extendía cheques o hacía transferencias bancarias.
“Haberlo dado (el dinero) de la partida secreta es ilegal e incorrecto. Tenían que haberlo dado de la partida de gastos que se le había asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo para su funcionamiento y para el pago de las personas que trabajaban ahí”, respondió Rubio cuando el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le preguntó si era correcto que le pagaran con fondos de Gastos Reservados.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
