Judicial
Desde la cárcel, pandillero ordenó asesinar a su hijo y a su exesposa porque tenían una relación pasional en San Miguel
Ingrid Aracely Chicas de Chávez, de 30 años y su hijastro Luis A., de 15, fueron asesinados a balazos en el interior de una vivienda donde residían, esto en la calle San Carlos, colonia Villa Satélite, San Miguel.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el doble crimen fue reportado a las 3:24 de la madrugada del viernes.
Las autoridades presumen que el autor intelectual es un pandillero que está recluido en un penal de San Miguel. El reo que dio la orden es padre de Luis A.
Según la corporación policial, la mujer tenía antecedentes delictivos y junto con el menor eran miembros activos de la Mara Salvatrucha (MS-13).
«No hubo violencia en el hecho, los asesinos llegaron al lugar, tocaron la puerta y cuando la abrieron les dispararon», detalló un oficial.
El terrorista habría dado la orden de ejecutarlos al enterarse de que que su hijo y la que fuera su pareja mantenían un romance. Una especie de “incesto político”.
Para la Policía, es desconocido si el recluso todavía mantenía la relación de pareja con la mujer.
Sobre los hechores involucrados en el doble homicidio, la PNC aún no tenían información de éstos, sin embargo realizan un operativo de búsqueda en la zona.
«El que está preso ordena matar»
Una fuente policial dijo a este medio que cuando un pandillero está preso en algún penal del país, estos son informados de lo que está sucediendo afuera. En este caso, alguien le dijo al reo de la relación amorosa.
«El que está preso ordena matar, pero antes debe consultarle primero al cabecilla de la pandilla y este le da el aval para dar la orden a los de afuera a cometer el delito», explicó la fuente.
Para la fuente policial consultada, todo apunta que el autor intelectual es el que está preso y los que ejecutan las muertes son los compiches que están en libertad.
Códigos de pandillas contra mujeres se mantiene
Los códigos de las pandillas, sobre todo la MS-13 se mantiene en contra de las mujeres con quienes tienen o han mantenido una relación de pareja.
Los criminales consideran imperdonable que la mujer tenga otra relación con otro hombre y si esto sucede los matan a ambos.
Durante una entrevista que este medio le realizó a José Miguel Fortín Magaña, un médico con especialidad de psiquiatría forense y ex director del Instituto de Medicina Legal (IML), explicó que los miembros de pandillas son machistas y por ello son los causantes de varios feminicidios.
«Son terriblemente machistas, la mujer es vista como un objeto… Las mujeres de la clica son maltratadas, violadas y finalmente descartadas… Cuando por alguna razón las matan y descuartizan es porque las ven como objetos. Eso es feminicidio puro», detalló Fortín en esa entrevista.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
