Judicial
Desde la cárcel, pandillero ordenó asesinar a su hijo y a su exesposa porque tenían una relación pasional en San Miguel
Ingrid Aracely Chicas de Chávez, de 30 años y su hijastro Luis A., de 15, fueron asesinados a balazos en el interior de una vivienda donde residían, esto en la calle San Carlos, colonia Villa Satélite, San Miguel.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el doble crimen fue reportado a las 3:24 de la madrugada del viernes.
Las autoridades presumen que el autor intelectual es un pandillero que está recluido en un penal de San Miguel. El reo que dio la orden es padre de Luis A.
Según la corporación policial, la mujer tenía antecedentes delictivos y junto con el menor eran miembros activos de la Mara Salvatrucha (MS-13).
«No hubo violencia en el hecho, los asesinos llegaron al lugar, tocaron la puerta y cuando la abrieron les dispararon», detalló un oficial.
El terrorista habría dado la orden de ejecutarlos al enterarse de que que su hijo y la que fuera su pareja mantenían un romance. Una especie de “incesto político”.
Para la Policía, es desconocido si el recluso todavía mantenía la relación de pareja con la mujer.
Sobre los hechores involucrados en el doble homicidio, la PNC aún no tenían información de éstos, sin embargo realizan un operativo de búsqueda en la zona.
«El que está preso ordena matar»
Una fuente policial dijo a este medio que cuando un pandillero está preso en algún penal del país, estos son informados de lo que está sucediendo afuera. En este caso, alguien le dijo al reo de la relación amorosa.
«El que está preso ordena matar, pero antes debe consultarle primero al cabecilla de la pandilla y este le da el aval para dar la orden a los de afuera a cometer el delito», explicó la fuente.
Para la fuente policial consultada, todo apunta que el autor intelectual es el que está preso y los que ejecutan las muertes son los compiches que están en libertad.
Códigos de pandillas contra mujeres se mantiene
Los códigos de las pandillas, sobre todo la MS-13 se mantiene en contra de las mujeres con quienes tienen o han mantenido una relación de pareja.
Los criminales consideran imperdonable que la mujer tenga otra relación con otro hombre y si esto sucede los matan a ambos.
Durante una entrevista que este medio le realizó a José Miguel Fortín Magaña, un médico con especialidad de psiquiatría forense y ex director del Instituto de Medicina Legal (IML), explicó que los miembros de pandillas son machistas y por ello son los causantes de varios feminicidios.
«Son terriblemente machistas, la mujer es vista como un objeto… Las mujeres de la clica son maltratadas, violadas y finalmente descartadas… Cuando por alguna razón las matan y descuartizan es porque las ven como objetos. Eso es feminicidio puro», detalló Fortín en esa entrevista.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
