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Crimen en un microbús de la ruta 140 se trató de un pleito entre un vigilante y su pareja, una mujer 28 años menor
POR: El Salvador Times.
El crimen ocurrido la tarde del miércoles en el interior de un microbús de la ruta 140 no se trató de un asalto, como lo informó la Policía preliminarmente, si no de un pleito entre una pareja. La información que se brindó en una primera instancia, era de carácter preliminar.
El hechor es un vigilante privado iba discutiendo con su mujer dentro de la unidad colectiva y luego le disparó con su arma de equipo; en el hecho mató a la mujer e hirió a dos personas más.
Según la Policía, el supuesto hechor fue capturado en la avenida Cuscatlán y 8a avenida Sur, en el Centro Histórico de San Salvador.
El detenido es Daniel Ochoa Menjívar, de 53 años, mientras la víctima mortal es Elsy Nohemy Cornejo Mozo, de 25, con quien mantenía una relación sentimental.
La Policía explicó en un comunicado que el caso se podría tratar un hecho de violencia de género.
Según esa línea de investigación, Ochoa Menjívar efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó a la mujer, también lesionó a dos personas más quienes se encontraban en dicha unidad del transporte colectivo.
Los heridos son Juan B., de 31 años, quien llevaba heridas en los brazos derecho e izquierdo, y María C., de 44, quien llevaba una herida en brazo izquierdo fueron llevados en un carro patrulla hacia un hospital.
Equipos motorizados de la Fuerza de Tarea Centro Histórico (FTCH) de la Policía llegaron al lugar y detuvieron al sujeto, a quien se le decomisó un arma calibre 38 milímetros.
Menjívar fue llevado a las bartolinas de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y será acusado de feminicidio y homicidio tentado en perjuicio de su compañera de vida y de dos personas.
La Policía dijo en un primer momento que el hecho había sido un intento de asalto dentro del microbús placas MB 5-191 y que el tiroteo se había originado porque un pasajero se resistió al robo.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres señalados de participar en una pelea callejera ocurrida en el barrio El Centro, en Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, los involucrados atacaron a puños y patadas a otro hombre luego de una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.
Los detenidos fueron identificados como Erick Joseph Gamero Santos, Orlando de Jesús Miranda y José Raúl Ventura Carranza.
Las autoridades indicaron que la víctima sufrió lesiones leves. Asimismo, informaron que los capturados serán remitidos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
