Judicial
Coronel tendrá que cumplir reglas de conducta durante 3 años
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó suspensión condicional del procedimiento por un período de 3 años contra Carlos Antonio Torres Umanzor, de 45 años de edad, acusado de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego en perjuicio de la paz pública; las condiciones que tiene que cumplir es no cambiar de domicilio ni consumir bebidas alcohólicas.
Mientras que por el delito de amenazas agravadas en prejuicio de Salvador S. la jueza autorizó la conciliación y tendrá que cumplir reglas de conducta durante un año, las cuales son: ir a un tratamiento psicológico, no comunicarse con la víctima, además de no ingerir bebidas embriagantes.
El imputado fue detenido en flagrancia el lunes pasado a las 9:30 de la mañana, en la Colonia Campos Villavicencio, ubicada al final de la 25 Calle Oriente, sobre Calle IVU, en ésta capital por agentes policiales que atendieron la alerta que en ese lugar habían escuchado disparos.
Según la denuncia de la víctima, ese día a las 6:15 a.m. escuchó a su esposa pedir auxilio por lo que se dirigió al patio de su casa; pero ella le dijo que no saliera porque el señor Torres estaba en la terraza vecina con un arma, la víctima escuchó unos disparos e inmediatamente entra junto a su esposa a la vivienda, luego oyó que Carlos Torres gritó “te voy a matar, en el percho te los voy a pegar”.
Así también consta en el proceso que los policías fueron a la vivienda del imputado y una señora les dijo que Torres no saldría porque era un oficial del ejército y que ellos (PNC) no podían entrar sin una orden de allanamiento. Luego se coordinó con una comisión del comando de apoyo de la Fuerza Armada para ingresar.
El requerimiento detalla que cuando la esposa del imputado escuchó los disparos, subió a la terraza y lo vio con el arma, ella decide quitársela porque lo observó acalorado por una discusión que tuvo con el vecino. Además dijo que su esposo había disparado en una cubeta que tenía arena; al vaciar la cubeta encontraron dos proyectiles.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
