Judicial
Coronel tendrá que cumplir reglas de conducta durante 3 años
El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó suspensión condicional del procedimiento por un período de 3 años contra Carlos Antonio Torres Umanzor, de 45 años de edad, acusado de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego en perjuicio de la paz pública; las condiciones que tiene que cumplir es no cambiar de domicilio ni consumir bebidas alcohólicas.
Mientras que por el delito de amenazas agravadas en prejuicio de Salvador S. la jueza autorizó la conciliación y tendrá que cumplir reglas de conducta durante un año, las cuales son: ir a un tratamiento psicológico, no comunicarse con la víctima, además de no ingerir bebidas embriagantes.
El imputado fue detenido en flagrancia el lunes pasado a las 9:30 de la mañana, en la Colonia Campos Villavicencio, ubicada al final de la 25 Calle Oriente, sobre Calle IVU, en ésta capital por agentes policiales que atendieron la alerta que en ese lugar habían escuchado disparos.
Según la denuncia de la víctima, ese día a las 6:15 a.m. escuchó a su esposa pedir auxilio por lo que se dirigió al patio de su casa; pero ella le dijo que no saliera porque el señor Torres estaba en la terraza vecina con un arma, la víctima escuchó unos disparos e inmediatamente entra junto a su esposa a la vivienda, luego oyó que Carlos Torres gritó “te voy a matar, en el percho te los voy a pegar”.
Así también consta en el proceso que los policías fueron a la vivienda del imputado y una señora les dijo que Torres no saldría porque era un oficial del ejército y que ellos (PNC) no podían entrar sin una orden de allanamiento. Luego se coordinó con una comisión del comando de apoyo de la Fuerza Armada para ingresar.
El requerimiento detalla que cuando la esposa del imputado escuchó los disparos, subió a la terraza y lo vio con el arma, ella decide quitársela porque lo observó acalorado por una discusión que tuvo con el vecino. Además dijo que su esposo había disparado en una cubeta que tenía arena; al vaciar la cubeta encontraron dos proyectiles.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
