El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, reiteró esta mañana que la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en torno al decreto legislativo 661 «Ley Especial de Emergencia, Atención de la Salud y Reapertura Económica», está alejada de la realidad que se vive en el país.

Dicha herramienta, que ya perdió vigencia en los tiempos para validar sus efectos como norma jurídica, será sancionada y publicada por el Presidente de la República -como lo manda la Sala-; sin embargo, acabará por ser inservible a la población.

Recordó que, para evitar un limbo jurídico ante toda la problemática generada por el COVID-19, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó en tiempo iniciativas de ley acordes a la emergencia.

Una de esas herramientas fue la iniciativa de ley de un régimen de excepción de tres derechos constitucionales por 15 días, con el fin de frenar los contagios COVID-19. Esta propuesta gubernamental llegó a la Asamblea Legislativa el 24 de junio y, a la fecha, sigue sin haber sido discutida.

«Como Gobierno sí se presentaron instrumentos e iniciativas de ley para regular la pandemia (y reapertura de la economía), pero eso ni entró a discusión en el pleno de la Asamblea», reiteró.

Pese a esta oposición, el Ejecutivo siguió presentando iniciativas en pro de la población. Estas propuestas no se detendrán pues la orden del Presidente Nayib Bukele es trabajar por la salud y vida del pueblo salvadoreño. Urgió, entonces al Parlamento a hacer su trabajo y dar solución a lo que ya tienen en sus manos.

«El Gobierno tiene un plan económico. Presentamos iniciativas, ya tenemos fideicomiso y estamos siempre con el proceso para que la Asamblea ratifique fondos y apruebe presupuestos», dijo.

En cuanto a la reapertura de la economía, indicó que «no se dio de acuerdo a lo esperado»; si no de golpe, y destacó que hay sectores en línea con este Gobierno, los cuales mantendrán la apertura gradual

«No se dio la reapertura como la esperábamos; aunque algunos empresarios sí han seguido, por voluntad, las fechas que antes estableció el Gobierno, esto para proteger a los empleados y sus familias», sostuvo.

Respecto al planteamiento de la Asamblea sobre la creación de una iniciativa de ley para privatizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Castro reiteró que este Gobierno no lo permitirá.

«Es un atentado contra la población económicamente vulnerable. El Gobierno no permitirá la privatización del ISSS», completó.