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Colocación primera piedra del Centro Logístico de Bioseguridad Aeroportuaria de El Salvador
A la vanguardia de la protección agropecuaria y siendo reconocido como uno de los hub aeroportuarios más importantes de la región centroamericana, el Gobierno de El Salvador y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) realizaron el acto simbólico de colocación de la primera piedra del Centro Logístico de Bioseguridad Aeroportuaria, que estará ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en San Luis Talpa, La Paz Oeste.
El Centro Logístico -único en su clase y envergadura en Centroamérica y el Caribe- será clave en la protección del patrimonio agrícola y pecuario del país y la región, porque fortalecerá la prevención de plagas y enfermedades que pueden ingresar a través de vías de riesgo por el creciente flujo de vuelos internacionales que arriban al país. La construcción y equipamiento del Centro Logístico tendrá un costo de más de $5 millones y posicionará a El Salvador como referente en la salvaguarda de los recursos agropecuarios.
“El Centro Logístico será un hito regional e incluirá un área para el alojamiento y esparcimiento de 16 Unidades Caninas que realizan inspecciones no intrusivas en el Aeropuerto Internacional Óscar Romero, una clínica veterinaria y laboratorio de olores para los canes, un área para la formación de nuevos caninos detectores y oficinas administrativas para funcionarios del Servicio Nacional de Cuarentena Agropecuaria”, precisó el director ejecutivo del OIRSA, Raúl Rodas.
También se indicó que en el centro se contará con un moderno equipo de alta tecnología para la esterilización de desechos sólidos internacionales, disminuyendo el riesgo asociado a los residuos orgánicos generados en los aviones que proceden de países en donde se reportan plagas y enfermedades no presentes en El Salvador.
“Con la implementación del centro logístico, se fortalecerá el manejo del 100% de las basuras internacionales y los decomisos cuarentenarios que se manejan en el aeropuerto, así como el fortalecimiento de las capacidades de inspección al equipaje, carga y paquetería que ingresa por el aeropuerto”, explicó el director ejecutivo del OIRSA.
Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, el centro fortalecerá las políticas públicas en términos de desarrollo agropecuario, ya que permite mantener el estatus fito y zoosanitario del país, permitiendo el mantenimiento de los mercados internacionales actuales, así como la apertura de nuevos mercados.
“La generación de confianza en el comercio internacional es un valor agregado que aporta este centro logístico de bioseguridad, en términos de operaciones aeroportuarias bioseguras, posicionando a El Salvador a la vanguardia en todo el continente”, afirmó el Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
De esta manera, el MAG y OIRSA previenen la introducción de enfermedades de interés cuarentenario, como la Peste Porcina Africana, actualmente presente en la República Dominicana; la marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical que afecta los cultivos de banano y plátano (presente en Colombia), entre otras.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
La directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Adriana Larín, indicó ayer que San Salvador continúa su proceso de transformación urbana que incluye un importante desarrollo habitacional, esto como parte de los esfuerzos por revitalizar el área y promover que más familias habiten en la zona.
«La dinámica en el Centro Histórico está abierta para diferentes rubros, para el comercio minorista y manufactura menor, hay una amplia variedad; esto no es solo con el fin de turismo y cultura. Se comenzó a trabajar el componente habitacional», aseguró Larín en la entrevista La Tribu FM.
De acuerdo con la directora de la Aplan, fuera de las 80 manzanas limitadas por las instituciones como zona céntrica se construyen cinco torres con 36 apartamentos cada una, que en total suman 180; además de otros seis proyectos habitacionales con cooperación.
«El componente vivienda lo vemos de diferentes aspectos, no solo de instancia corta de turismo. También tenemos de cooperativa de ayuda mutua. Van seis proyectos del Ministerio de Vivienda con cooperación italiana», señaló.
Larin acentuó que dichos proyectos brindarán oportunidades a los salvadoreños para acceder a una vivienda digna.
«Los proyectos habitacionales con [el ministerio] con cooperativa de ayuda mutua se están creando para que las personas que no tienen acceso a una vivienda digna sea su primer hogar. Lo importante de estos proyectos es que el título de la casa pasa a la jefa de hogar», explicó.
Agregó que otro proyecto en el Centro Histórico que se encuentra en proceso este año es el Cine Libertad, que calificó como un «espacio que podrán disfrutar las familias salvadoreñas y los visitantes».
Asimismo, comentó que brindarán capacitaciones financieras para que todo negocio pueda tener una inclusión en dicho rubro. «Otro proyecto es uno relacionado con la inclusión financiera para personas que nunca han tenido una cuenta; estamos brindando modalidades de recepción de pagos y eso es para que no se limiten a recibir efectivo, porque hay personas que solo portan tarjeta», señaló.
También dijo que la recuperación y el proceso de ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador ha sido insigne para otros países. «Nos están buscando de otros centros históricos de otros países para que los asesoremos con nuestros procesos», apuntó.
Larín señaló que como institución continúan con «la meta inicial de intervenir 80 manzanas, que es el área que se ha definido y se busca rehabilitarla.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Cristian Ernesto Pérez por el delito de extorsión agravada.
«El 30 de septiembre de 2020, un sujeto miembro de una estructura terrorista visitó el negocio de la víctima, ubicado en San Salvador, donde le dejó un número telefónico. Posteriormente, al establecer contacto, le exigieron $150 mensuales, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, y permitirle continuar con su actividad comercial», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que la víctima intentó negociar una reducción del monto exigido, debido a la disminución de ventas ocasionada por la pandemia del Covid-19; sin embargo, los pandilleros no accedieron. Ante esta situación, decidió interponer la denuncia correspondiente.
El 8 de octubre de 2020, mediante una entrega controlada, las autoridades lograron identificar a los involucrados y determinaron que Cristian Ernesto Pérez fue quien realizó la exigencia económica vía telefónica.
En otro caso, el pasado 12 de enero, Juan Miguel Navarro Pérez fue condenado a 16 años de prisión por el delito de extorsión.
«La víctima denunció que, el 23 de noviembre del año 2024, comenzó a recibir mensajes vía la aplicación Whatsapp, donde le exigían diferentes cantidades de dinero a cambio de no hacerle daño», explicó el fiscal.
Cristian Ernesto Pérez condenado a 12 años de prisión por el delito de extorsión.
El 31 de enero del 2025 se logró detener en flagrancia a Navarro Pérez mientras pretendía recoger parte del dinero exigido. Esta captura se realizó en la residencial Brisas del Bulevar, del distrito de Soyapango, San Salvador Este.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales, por lo que decidió, además, condenarlo a pagar $300 en concepto de responsabilidad civil.
