Una auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha puesto en evidencia el presunto uso ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), habría hecho en el uso de fondos provenientes del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

El reporte de la CCR, señala que la FGR bajo la administración del exfiscal General, Douglas Meléndez, utilizó un total de $74,814 de esos fondos que fueron traspasados en su momento a la fiscalía, ocupándolos de manera indebida.

Según el informe de la contraloría de la República, dichos fondos se utilizaron en compras para mobiliario y equipo para la equipación del centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, revela el informe de auditoría de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responsabilizaron a Douglas Meléndez sino que al entonces Gerente General de la Fiscalía.

En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.

En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.

La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.

De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.

Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.

Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.

El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.

Otros hallazgos.

Otras irregularidades encontradas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.

Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.

Más irregularidades

Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.

Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.

Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.

Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.

Nota con Información de elsalvador.com