Nacionales
CCR señala irregularidades en uso de fondos CONAB por parte de la Fiscalía General bajo la administración de Douglas Meléndez
Una auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha puesto en evidencia el presunto uso ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), habría hecho en el uso de fondos provenientes del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El reporte de la CCR, señala que la FGR bajo la administración del exfiscal General, Douglas Meléndez, utilizó un total de $74,814 de esos fondos que fueron traspasados en su momento a la fiscalía, ocupándolos de manera indebida.
Según el informe de la contraloría de la República, dichos fondos se utilizaron en compras para mobiliario y equipo para la equipación del centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, revela el informe de auditoría de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responsabilizaron a Douglas Meléndez sino que al entonces Gerente General de la Fiscalía.
En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.
En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.
La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.
De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.
Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.
Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.
El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.
Otros hallazgos.
Otras irregularidades encontradas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.
Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.
Más irregularidades
Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.
Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.
Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.
Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.
Nota con Información de elsalvador.com
Nacionales
Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
Nacionales
Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
