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Baipás Camino a Surf City incrementará los ingresos del turismo en un 40%
El sector turismo se verá favorecido en un 40% más según estimaciones oficiales, con la apertura del baipás Camino a Surf City que conecta a las playas del departamento de La Libertad, así como dinamizará la economía de las familias de la zona y aumentará la plusvalía.
«Esta obra beneficiará a toda la cadena de valor turístico que tenemos en esta zona; solo en el Malecón Turístico del Puerto de La Libertad recibimos a más de 1.5 millones de visitantes anuales”, detalló la ministra del ramo, Morena Valdez.
El Bypass de La libertad, nombrado por el mandatario salvadoreño como Camino a Surf City, fue iniciado por el anterior gobierno pero sufrió abandono, según el Ministerio de Obras Públicas, que documentó posibles hechos de corrupción durante la gestión del FMLN, por lo que la Fiscalía General de la República, mantiene un proceso abierto. El nuevo gobierno retomó la obra y la finalizó «en tiempo récord».
La ministra Valdez aseguró que Camino a Surf City generará todas las condiciones para desarrollar turísticamente la zona costera de La Libertad y estimó que esta obra aumentará las cifras de turismo hasta en un 40%, lo que mejorará la calidad de vida de los emprendedores y pequeños comerciantes de la zona que durante la emergencia sanitaria de vieron afectados.
“Esta es una vía que posiciona al país como un buen destino para visitar invertir y vivir”, agregó.
Camino a Surf City conecta a los viajeros con el occidente del país.“Esta será una sola vía que generará más crecimiento económico en toda esta área”,explicó Valdez al analizar todo el potencial que representa la nueva vía.
De acuerdo con las autoridades, más de 100,000 personas serán beneficiadas con este proyecto vial que forma parte del Plan Maestro de Movilidad y Logística, junto con el periférico Claudia Lars, en el sector de San Juan Opico, también en la jurisdicción de La Libertad; y el periférico Gerardo Barrios, en la zona oriental del país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
