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Alcaldía de San Salvador anuncia protocolos de ingreso a cementerios para el Día de los Difuntos
Cada
2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos en el país para recordar a los seres queridos que ya no están en este mundo, las personas acostumbran visitar cementerios e iglesias.
En este sentido, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció ayer que el próximo 2 de noviembre se pondrá en marcha un plan de bioseguridad en todos los cementerios capitalinos, donde se permitirá el ingreso de tres personas por grupo familiar, que cuenten con el esquema de vacunación completo, y solo podrán permanecer 45 minutos en el lugar.
Además, el edil capitalino detalló que el documento único de identidad (DUI) será exigido en las entradas, y deberán hacer uso de mascarilla, con el objetivo de seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad.
Las autoridades han dispuesto que los menores de 12 años y las embarazadas no podrán entrar ese día a los cementerios; además, recomendaron que tampoco asistan los adultos mayores.
Para ingresar a la “zona covid” se permitirá el acceso a dos persona por nicho, donde se garantizará un circuito cerrado para colocar las ofrendas en un punto de atención y los colaboradores de los camposantos los entregarán en su respectiva tumba.
La alcaldía capitalina también dispondrá de 104 empleados del Departamento de Promoción de Salud, para que, junto con personal de la Administración General de Cementerios y de Protección Civil, orienten y atiendan a los asistentes.
Asimismo, la alcaldía contará con 140 elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) para que garanticen la seguridad.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
