Una nota de El Diario de Hoy, evidencia que además de incumplir con el pago de la deuda existente a favor de MIDES, la municipalidad de Apopa contrató la empresa Grupo JOB, para brindar el servicio de recolección y transporte de basura que tenía contrato vigente.

El pasado 17 de febrero del presente año, el periódico “El Diario de Hoy” publicó una noticia titulada “La sospechosa ‘emergencia’ de Apopa” en la que se exponía la forma irregular en la cual la municipalidad de Apopa, representada por la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez García, emitió un “estado de emergencia ambiental” que ha venido renovando y que se utilizó como argumento para evadir los controles legales de la LACAP  (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) para contratar a la empresa GRUPO JOB y que se ocupe del servicio de transporte y recolección de la basura del municipio, pese a que previamente Apopa ya tenía contratado el mismo servicio con MIDES.

Crisis en la recolección de la basura y malversación de fondos.  

Ha sido recurrente durante la actual administración municipal en Apopa, las quejas de los habitantes en los barrios y colonias de esa ciudad por la deficiente recolección de basura y la forma en que los desechos se acumulan en las principales calles del municipio.

De acuerdo a una fuente municipal que habló bajo condición de anonimato el problema de la recolección de la basura en la ciudad de Apopa viene heredada de la anterior administración que deliberadamente incumplió el contrato existente con MIDES, para la recolección y el transporte de la basura en el municipio, con la finalidad de romper unilateralmente el contrato como finalmente sucedió. Por este hecho se confirmó que MIDES inició un arbitraje contra la Alcaldía de Apopa, que además incluía los impagos por el servicio de disposición final de la basura en el Relleno Sanitario de Nejapa, resultando la municipalidad condenada en sentencia arbitral durante el año 2021, es decir bajo la batuta de la alcaldesa Jennifer Juárez. El Tribunal Arbitral condenó a Apopa a pagar un aproximado de $1.4 millones de dólares a favor de MIDES, por tales incumplimientos.

Consultado al respecto un apoderado legal de MIDES, confirmó los datos del fallo arbitral y explicó que el monto llegó a la suma de $1.4 millones de dólares, porque las autoridades municipales emplearon los fondos percibidos por la tasa municipal que era exclusiva para el servicio de disposición final de la basura en otros fines, lo que constituye el delito de malversación, que ha sido denunciado ante la Corte de Cuentas de la República y que en los próximos días también será denunciado este hecho ante la Fiscalía. El abogado advirtió que los Alcaldes deben comprender que el hecho que MIDES realice sus reclamos de pagos por vía judicial o arbitral no excluye que fiscalía investigue las denuncias que se presentan, porque el delito de malversación se comete en el momento en que el Alcalde o funcionario delegado de la municipalidad le da un destino distinto a los fondos municipales que el legalmente previsto.

También afirmó que se denunciará a la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez García, por el delito de desobediencia, establecido en el art. 322 del Código Penal, ya que en múltiples ocasiones ha incumplido la orden del Juzgado Civil de Apopa que está ejecutando la sentencia arbitral y le ha impuesto la obligación de incorporar en el presupuesto municipal los fondos respectivos para dar cumplimiento al adeudo por casi $1.4 millones de dólares; no obstante en 2022 la alcadesa no obedeció el mandato judicial y nuevamente en 2023 pese a ser requerida por el Juzgado para que comprueba que cumplió la orden, todo han sido evasivas a la fecha.

El art. 322 del Código Penal describe que comete el delito de “Desobediencia” el funcionario que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencia, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por igual tiempo.  

Esquema repetido de generar infundados “estados de emergencia” para contratar fuera de la LACAP.

Este medio en investigación periodística ha podido constatar que distintas municipalidades han aplicado el mismo esquema de declarar “estados de emergencia” para realizar contrataciones de servicios sin aplicar la LACAP, que recientemente quedó derogada a la espera de la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación del Estado.

Así ocurrió con la municipalidad de Santa Tecla, durante la administración de Roberto d’Aubuisson (ARENA) que en 2017 declaró estado de emergencia para contratar a una empresa de Salume para el servicio de disposición final de la basura, pese a tener contrato vigente con MIDES. Una auditoría de Corte de Cuentas arrojó que el estado de emergencia carecía de fundamento legal y de hecho y que la empresa propiedad de Salume contratada y que cobró más de $1 millón de dólares carecía de permiso ambiental para cumplir con el compromiso contratado.

Recientemente se ha conocido del caso de la municipalidad de San Vicente, quien contrató en enero 2023 a la empresa CONSTRUPHER, S.A, bajo el argumento de una “emergencia” ocurrida en diciembre 2022, lo que provocó el uso de un inmueble como botadero a cielo abierto, del que se ha emitido una orden del Juzgado Ambiental para que sea clausurado de forma definitiva.

En similar situación está la alcaldía de Ilopango, que bajo una artificiosa “emergencia” rompió el contrato con la empresa que le prestaba el servicio de disposición final de la basura y ahora los traslada al botadero propiedad de Salume en el Puerto de La Libertad.

Y el último caso es el del Alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, recientemente denunciado por MIDES por el delito de malversación ante el impago de una suma superior a $900 mil dólares y que pretende justificar que no existe delito con el argumento que la empresa ya inició un arbitraje, lo que de acuerdo a diversos abogados consultados no es viable, ya que la acción penal en este caso no va amarrada al resultado del cobro de la deuda por parte de la empresa. El delito de malversación se cometió al momento en que el Alcalde habiendo recibido fondos de los contribuyentes en concepto de la tasa municipal para la disposición final de la basura, no realizaron el pago del servicio y usaron esos fondos para otro fin, distinto al que dispone la ordenanza.