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Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez García, en desobediencia judicial por evadir pago de $1.4 millones de dólares A MIDES
Una nota de El Diario de Hoy, evidencia que además de incumplir con el pago de la deuda existente a favor de MIDES, la municipalidad de Apopa contrató la empresa Grupo JOB, para brindar el servicio de recolección y transporte de basura que tenía contrato vigente.
El pasado 17 de febrero del presente año, el periódico “El Diario de Hoy” publicó una noticia titulada “La sospechosa ‘emergencia’ de Apopa” en la que se exponía la forma irregular en la cual la municipalidad de Apopa, representada por la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez García, emitió un “estado de emergencia ambiental” que ha venido renovando y que se utilizó como argumento para evadir los controles legales de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) para contratar a la empresa GRUPO JOB y que se ocupe del servicio de transporte y recolección de la basura del municipio, pese a que previamente Apopa ya tenía contratado el mismo servicio con MIDES.
Crisis en la recolección de la basura y malversación de fondos.
Ha sido recurrente durante la actual administración municipal en Apopa, las quejas de los habitantes en los barrios y colonias de esa ciudad por la deficiente recolección de basura y la forma en que los desechos se acumulan en las principales calles del municipio.
De acuerdo a una fuente municipal que habló bajo condición de anonimato el problema de la recolección de la basura en la ciudad de Apopa viene heredada de la anterior administración que deliberadamente incumplió el contrato existente con MIDES, para la recolección y el transporte de la basura en el municipio, con la finalidad de romper unilateralmente el contrato como finalmente sucedió. Por este hecho se confirmó que MIDES inició un arbitraje contra la Alcaldía de Apopa, que además incluía los impagos por el servicio de disposición final de la basura en el Relleno Sanitario de Nejapa, resultando la municipalidad condenada en sentencia arbitral durante el año 2021, es decir bajo la batuta de la alcaldesa Jennifer Juárez. El Tribunal Arbitral condenó a Apopa a pagar un aproximado de $1.4 millones de dólares a favor de MIDES, por tales incumplimientos.
Consultado al respecto un apoderado legal de MIDES, confirmó los datos del fallo arbitral y explicó que el monto llegó a la suma de $1.4 millones de dólares, porque las autoridades municipales emplearon los fondos percibidos por la tasa municipal que era exclusiva para el servicio de disposición final de la basura en otros fines, lo que constituye el delito de malversación, que ha sido denunciado ante la Corte de Cuentas de la República y que en los próximos días también será denunciado este hecho ante la Fiscalía. El abogado advirtió que los Alcaldes deben comprender que el hecho que MIDES realice sus reclamos de pagos por vía judicial o arbitral no excluye que fiscalía investigue las denuncias que se presentan, porque el delito de malversación se comete en el momento en que el Alcalde o funcionario delegado de la municipalidad le da un destino distinto a los fondos municipales que el legalmente previsto.
También afirmó que se denunciará a la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez García, por el delito de desobediencia, establecido en el art. 322 del Código Penal, ya que en múltiples ocasiones ha incumplido la orden del Juzgado Civil de Apopa que está ejecutando la sentencia arbitral y le ha impuesto la obligación de incorporar en el presupuesto municipal los fondos respectivos para dar cumplimiento al adeudo por casi $1.4 millones de dólares; no obstante en 2022 la alcadesa no obedeció el mandato judicial y nuevamente en 2023 pese a ser requerida por el Juzgado para que comprueba que cumplió la orden, todo han sido evasivas a la fecha.
El art. 322 del Código Penal describe que comete el delito de “Desobediencia” el funcionario que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencia, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por igual tiempo.
Esquema repetido de generar infundados “estados de emergencia” para contratar fuera de la LACAP.
Este medio en investigación periodística ha podido constatar que distintas municipalidades han aplicado el mismo esquema de declarar “estados de emergencia” para realizar contrataciones de servicios sin aplicar la LACAP, que recientemente quedó derogada a la espera de la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación del Estado.
Así ocurrió con la municipalidad de Santa Tecla, durante la administración de Roberto d’Aubuisson (ARENA) que en 2017 declaró estado de emergencia para contratar a una empresa de Salume para el servicio de disposición final de la basura, pese a tener contrato vigente con MIDES. Una auditoría de Corte de Cuentas arrojó que el estado de emergencia carecía de fundamento legal y de hecho y que la empresa propiedad de Salume contratada y que cobró más de $1 millón de dólares carecía de permiso ambiental para cumplir con el compromiso contratado.
Recientemente se ha conocido del caso de la municipalidad de San Vicente, quien contrató en enero 2023 a la empresa CONSTRUPHER, S.A, bajo el argumento de una “emergencia” ocurrida en diciembre 2022, lo que provocó el uso de un inmueble como botadero a cielo abierto, del que se ha emitido una orden del Juzgado Ambiental para que sea clausurado de forma definitiva.
En similar situación está la alcaldía de Ilopango, que bajo una artificiosa “emergencia” rompió el contrato con la empresa que le prestaba el servicio de disposición final de la basura y ahora los traslada al botadero propiedad de Salume en el Puerto de La Libertad.
Y el último caso es el del Alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, recientemente denunciado por MIDES por el delito de malversación ante el impago de una suma superior a $900 mil dólares y que pretende justificar que no existe delito con el argumento que la empresa ya inició un arbitraje, lo que de acuerdo a diversos abogados consultados no es viable, ya que la acción penal en este caso no va amarrada al resultado del cobro de la deuda por parte de la empresa. El delito de malversación se cometió al momento en que el Alcalde habiendo recibido fondos de los contribuyentes en concepto de la tasa municipal para la disposición final de la basura, no realizaron el pago del servicio y usaron esos fondos para otro fin, distinto al que dispone la ordenanza.
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
Por segundo año consecutivo, El Salvador tuvo una destacada participación en una de las principales ferias comerciales del sector tecnológico en Canadá, consolidando su presencia dentro del ecosistema de innovación y transformación digital de Norteamérica.
La participación salvadoreña en el Web Summit 2026 se desarrolló en el marco de la estrategia de diplomacia económica impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Canadá, orientada al posicionamiento del talento salvadoreño y de la oferta exportable nacional en mercados de alto valor y potencial estratégico.
Asimismo, la actividad contó con el apoyo y acompañamiento técnico de Invest in El Salvador y del Ministerio de Economía de El Salvador, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el sector exportador y promover la internacionalización de las empresas salvadoreñas.
En esta edición participaron siete empresas salvadoreñas bajo la modalidad Partners: Coreva, Momotolabs, Hix Technologies, Grupo Consisa, Quantaroot, Propi y Applaudo, las cuales presentaron ante asistentes, inversionistas, compradores y representantes de compañías internacionales provenientes del mercado canadiense y norteamericano una amplia oferta de soluciones tecnológicas y servicios especializados desarrollados en El Salvador.
Uno de los hitos más relevantes de esta edición fue la participación, por primera vez, de una empresa salvadoreña en la modalidad Start Up. Kuskakids representó a El Salvador con una propuesta enfocada en tecnología educativa e innovación social, buscando establecer conexiones con fondos de inversión, programas de aceleración tecnológica y potenciales aliados estratégicos internacionales.
Entre las principales soluciones promovidas durante la feria destacaron software empresarial, implementación de sistemas ERP, MRP y CRM, desarrollo de software a la medida, soluciones basadas en inteligencia artificial, gestión y análisis de datos, ciberseguridad y cumplimiento, entre otras.
Como resultado de la participación salvadoreña, se logró fortalecer el posicionamiento de marcas, empresas y talento nacional en el mercado canadiense y norteamericano, concretando más de 30 reuniones de negocios y estableciendo vínculos estratégicos con potenciales socios y contactos clave para programas de aceleración, atracción de inversión extranjera y oportunidades de contratación de talento salvadoreño especializado de forma remota.
De igual manera, la participación permitió ampliar la red de contactos con actores clave del ecosistema tecnológico internacional, identificar tendencias emergentes del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración para futuras iniciativas comerciales y de innovación entre El Salvador y Canadá.
Los habitantes de Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste, hoy se movilizan en una obra de paso segura para realizar sus actividades cotidianas, luego que el Ministerio de Obras Públicas diera por inaugurada la obra de paso que ejecutó en dicho sector.
«Construimos una nueva obra de paso en Villa Lourdes, Colón, con pavimentación, aceras, barandales, muros de concreto y señalización vial», comunicó el MOP esta mañana en la red social X. «Miles de familias recuperan una conexión segura y más ágil para movilizarse diariamente», añadió la institución.
Esta obra de paso sustituyó el puente que colapsó en junio de 2025 debido a las intensas lluvias registradas en el país.
La nueva infraestructura tiene aproximadamente 30 metros de longitud y fue diseñada para restablecer la conectividad vehicular y peatonal de las comunidades de la zona. El proyecto incluyó:
Construcción de muros de protección, colocación de concreto ciclópeo, estabilización de taludes, obras de drenaje y control de aguas, pavimentación, señalización vial e instalación de luminarias.
Las autoridades indicaron que la obra beneficiará a más de 10,000 habitantes de sectores como Villa Lourdes, Guarumal, Campos Verdes I y II, Tierra de Gosén y otras comunidades cercanas.
Durante el desarrollo del proyecto, el MOP habilitó pasos provisionales y rutas alternas para mantener la circulación en la zona mientras se ejecutaban los trabajos.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que la obra forma parte del Plan Nacional de Mitigación impulsado por el Gobierno para reducir riesgos ante emergencias climáticas.
«Los jóvenes también se movilizan en la obra de paso que construimos y habilitamos en Villa Lourdes, Colón, para asistir a sus centros de estudio. Habilitamos la obra de paso en Villa Lourdes, para que las familias y el comercio pueda circular sin inconvenientes en cualquier época del año», comunicó el MOP.
