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Abogada Tahnya Pastor responde a comunicado emitido por la CSJ que pide no ventilar casos judiciales en medios de comunicación y redes sociales
El pasado miércoles mediante un comunicado el Foro de Jueces Independientes y Democráticos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó a los profesionales del derecho, de evitar ventilar casos judiciales a través de los medios de comunicación, y mucho menos, en redes sociales.
En el documento, los jueces recomendaron a los abogados, funcionarios y otras autoridades públicas de abstenerse de utilizar a los medios de comunicación para informar o en todo caso, “generar injerencias indebidas” y agregaron que estarán “vigilantes”.
Ante tal pronunciamiento, la abogada Tahnya Pastor salió al paso y señaló de impreciso tal petición, pues ella cree que es un intento por limitar el derecho a la libre expresión.
Pastor hiso uso de sus redes sociales para señalar que dicho comunicado “no dice nombres de casos o litigantes, pareciera que pretenden que tengamos por cierto lo que afirman sin espacio a cuestionamientos”, escribió la abogada.
Ella cree que si los jueces han encontrado “irregularidades” las denuncien por los medios correspondientes en lugar de hacer advertencias imprecisas”.
En su cuenta de Twitter, la enfática en señalar que el artículo 6 de la Constitución que establece que el derecho a la libre expresión “no puede limitarse”.
Tahnya Pastor reconoce que lo denunciado es un “desprestigio judicial”, pero que se desacredita al no presentar suficiente información sobre los casos para que pueda ser verificada. “Como litigante también he sufrido irrespeto de jueces y decisiones totalmente parcializada”, señaló.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
