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50 cajas de bebidas embriagantes decomisadas a negocio que incumplió la ley seca
personal policial de la Delegación San Salvador de la Policía Nacional Civil (PNC) decomisó 50 cajas de bebidas embriagantes, anoche, a un negocio ubicado en el pasaje Montalvo, entre la primera y tercera avenida norte de esta capital, cuyos propietarios incumplieron la Ley que prohíbe su comercialización y consumo.
Personal policial de la Fuerza de Tarea Centro Histórico (FTCH) de la delegación capitalina, realizaba la verificación a este cumplimiento cuando detectaron la venta de cerveza en el negocio denominado “doña Nena”, ubicado en el lugar mencionado y procedieron al decomiso del producto.
La Policía redactó un acta sobre este incumplimiento, la cual es remitida al fiscal electoral y éste la hace llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo quien impone la multa a los propietarios del negocio.
Las unidades de la Policía, han realizado operativos de control sobre la restricción, en diferentes establecimientos comerciales, como restaurantes, bares y discotecas, de la zona metropolitana, con el objetivo de verificar el cumplimiento a la medida, con motivo de las elecciones presidenciales que se realizan hoy domingo 3 de febrero.
Es el artículo 284 del Código Electoral, que establece la prohibición sobre la comercialización y consumo de bebidas embriagantes, la cual tendrá efecto los días 2, 3 y 4 de febrero, con motivo de las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo este día.
Este sería el primer reporte de las autoridades policiales, en cuanto a la venta de la bebida embriagante; sin embargo, se ha reiterado por parte de la Policía que la medida está en vigencia, por lo tanto, continuará la verificación en los lugares arriba mencionados a fin de darle cumplimiento a la ley seca.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
