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50 cajas de bebidas embriagantes decomisadas a negocio que incumplió la ley seca
personal policial de la Delegación San Salvador de la Policía Nacional Civil (PNC) decomisó 50 cajas de bebidas embriagantes, anoche, a un negocio ubicado en el pasaje Montalvo, entre la primera y tercera avenida norte de esta capital, cuyos propietarios incumplieron la Ley que prohíbe su comercialización y consumo.
Personal policial de la Fuerza de Tarea Centro Histórico (FTCH) de la delegación capitalina, realizaba la verificación a este cumplimiento cuando detectaron la venta de cerveza en el negocio denominado “doña Nena”, ubicado en el lugar mencionado y procedieron al decomiso del producto.
La Policía redactó un acta sobre este incumplimiento, la cual es remitida al fiscal electoral y éste la hace llegar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo quien impone la multa a los propietarios del negocio.
Las unidades de la Policía, han realizado operativos de control sobre la restricción, en diferentes establecimientos comerciales, como restaurantes, bares y discotecas, de la zona metropolitana, con el objetivo de verificar el cumplimiento a la medida, con motivo de las elecciones presidenciales que se realizan hoy domingo 3 de febrero.
Es el artículo 284 del Código Electoral, que establece la prohibición sobre la comercialización y consumo de bebidas embriagantes, la cual tendrá efecto los días 2, 3 y 4 de febrero, con motivo de las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo este día.
Este sería el primer reporte de las autoridades policiales, en cuanto a la venta de la bebida embriagante; sin embargo, se ha reiterado por parte de la Policía que la medida está en vigencia, por lo tanto, continuará la verificación en los lugares arriba mencionados a fin de darle cumplimiento a la ley seca.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
