Internacionales
Protestas en Perú: detienen a más de 200 manifestantes en una importante universidad pública en Lima
Más de 200 manifestantes que estaban dentro de una importante universidad pública en Lima fueron detenidos este sábado luego de que la policía entrara al centro educativo para desalojarlo.
El hecho sucede dos días después de la denominada “toma de Lima”, en la que manifestantes de diferentes puntos del país acudieron a la capital peruana para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, quien sucedió al presidente Pedro Castillo luego de que el pasado 7 de diciembre anunciara la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia y, como consecuencia, fuera destituido y arrestado.
El coordinador del equipo de prevención del delito de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo a la radio local RPP que la policía informó de la detención de 205 personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
“La información que ha sido remitida por la policía al Ministerio Público es que ellos han actuado en flagrancia en dos hechos: un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades y una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos”, sostuvo.
De acuerdo a lo informado por la universidad en un comunicado, manifestantes ingresaron al edificio en la noche del viernes con sus rostros cubiertos, le quitaron los chalecos y equipos al personal de seguridad que había dentro y los expulsaron.
En la convocatoria para el pasado jueves a “la toma de Lima”, lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Congreso, continuó la violencia desatada en el país desde la destitución de Castillo y manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron en las avenidas centrales de la capital.
Ese día, el primer ministro Alberto Otálora anunció la extensión del estado de emergencia a todo el país, incluido Lima, lo cual restringe algunos derechos civiles.
Las autoridades anunciaron este sábado que otro manifestante había muerto luego de protestas en la región sureña de Puno, donde estaciones de policía fueron incendiadas.
En las últimas seis semanas murieron al menos 50 personas en las manifestaciones en lo que se ha calificado de represión policial.
La Unión Europea (UE) condenó la violencia generalizada y lo que calificó como uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de la policía.
“La UE hace un llamado al gobierno y a todos los actores políticos a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y garantizar un diálogo inclusivo con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas como salida a la crisis”, dijo en un comunicado difundido este sábado.
Así mismo, el gobierno de Perú cerró este sábado y por tiempo indefinido la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país, y el Camino del Inca que conduce al lugar debido a las protestas.
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El abogado personal del presidente Joe Biden aseguró que el FBI no encontró más documentos clasificados en el «registro planificado» que hizo este miércoles de la casa que el presidente Joe Biden tiene en Rehoboth Beach, en el estado de Delaware.
El abogado, Bob Bauer, dijo que los agentes del FBI pasaron tres horas y media en la casa y que no hallaron documentos con marcas de clasificados aunque sí se llevaron «materiales y notas manuscritas que parecen estar relacionadas con su tiempo como vicepresidente».
El propio Bauer había adelantado en un comunicado la noticia del registro de la casa vacacional que los Biden poseen desde 2017. Según dijo, se produjo «con el pleno apoyo y cooperación del presidente». El abogado ya había revisado la vivienda el 11 de enero sin hallar documentos clasificados.
La revisión de la casa de la playa de los Biden siguió al registro de 13 horas de su vivienda de Wilmington, también en Delaware, el pasado 20 de enero. Ese día los agentes federales hallaron más documentos marcados clasificados de su época como vicepresidente de Barack Obama.
A finales del año pasado, los abogados del presidente habían encontrado documentos clasificados en la oficina que usó tras su etapa como vicepresidente en el centro Penn Biden, en noviembre, y en su casa de Wilmington, en diciembre, aunque el asunto solo trascendió el pasado mes de enero. Aseguran que enseguida procedieron a notificar el asunto a Archivos Nacionales (NARA) y entregar los documentos.
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Un hombre de 62 años fue asesinado la noche de este martes en su apartamento en El Bronx, Nueva York y su compañero hispano de vivienda fue detenido como sospechoso de haber cometido el crimen.
La víctima no identificada estaba muerta con heridas en la cabeza cuando los policías respondieron a una llamada al 911 en el apartamento ubicado en un sótano en W. 169th St. cerca de Plimpton Ave., vecindario Highbridge, anoche alrededor de las 10:40 p. m., dijo la policía.
Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York encontraron al “roommate” de la víctima, Angelo Miranda, afuera del edificio y lo detuvieron.
Fue acusado de homicidio involuntario alrededor de las 3:15 a. m. de hoy, después de varias horas de interrogatorio.Miranda, de 51 años, tenía un arma no precisada cuando lo detuvieron, pero no estaba claro si se había utilizado en el homicidio. La autopsia aún se estaba completando esta mañana para determinar la causa del deceso de la víctima.
Sin embargo, se reunieron pruebas suficientes para demostrar que hubo algún tipo de enfrentamiento, lo que justifica los cargos contra el sospechoso, dijo una fuente policial.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
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Extraditan a EE.UU. a cuatro sospechosos del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse
Tres haitiano-estadounidenses y un colombiano fueron extraditados a Estados Unidos el martes por su papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, anunciaron las autoridades estadounidenses.
Los cuatro hombres, que estaban detenidos en Haití, comparecerán el miércoles ante un juez federal en Miami, que dictará los cargos contra ellos, según un comunicado del Departamento de Justicia.
Hace meses otros tres hombres ya fueron trasladados a Estados Unidos para ser procesados por este asesinato.
Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros por un comando armado en julio de 2021 en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas.
Su muerte agravó aún más el caos en este pequeño país pobre del Caribe.
La policía haitiana arrestó rápidamente a unos cuarenta sospechosos, incluidos veinte exsoldados colombianos, reclutados según ellos por una empresa de seguridad con sede en Florida, la CTU.
La justicia estadounidense, competente para juzgar las conspiraciones urdidas en su territorio, se hizo cargo del caso.
Los sospechosos extraditados este martes son los haitiano-estadounidenses James Solages, de 37 años, y Joseph Vincent, de 57, así como el colombiano Germán Rivera, de 44, acusados de “conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de territorio estadounidense”.
Figura asimismo Christian Sanon, un hombre de 54 años con doble nacionalidad estadounidense-haitiana y “ambiciones políticas” en Haití a quien se acusa de “exportación ilegal de bienes de Estados Unidos”.
En concreto, la justicia estadounidense acusa a Solages y Sanon de haber hablado, durante una reunión en Florida en abril de 2021, de un cambio de régimen en Haití.
Al final de la reunión compartieron una lista de armas, incluidos rifles, ametralladoras y granadas.
Un mes después, Christian Sanon encargó equipamiento para su “milicia privada”, una fuerza de una veintena de colombianos dirigida por Germán Rivera y que supuestamente garantizaría su seguridad en Haití.
En junio envió una veintena de chalecos antibalas a Haití sin cumplir con las formalidades de la aduana estadounidense.
Según las autoridades estadounidenses James Solages, Joseph Vincent y German Rivera se reunieron el 6 de julio de 2021 cerca de la casa del presidente para distribuir armas y el primero anunció que el objetivo de la misión era matar a Jovenel Moïse.
Los tres hombres se exponen a cadena perpetua y Christian Sanon a 20 años de prisión.
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