Internacionales
Nunciatura Apostólica cierra sede diplomática en Nicaragua
La Nunciatura Apostólica en Nicaragua cerró su sede en Managua, después que el Gobierno del presidente Daniel Ortega le planteara al Vaticano suspender las relaciones diplomáticas la semana pasada tras las declaraciones del papa Francisco, que calificó como «dictadura grosera» al Ejecutivo sandinista, informaron este sábado fuentes diplomáticas.
«La Nunciatura se cerró después de que el gobierno nicaragüense decidiera unilateralmente suspender las relaciones», indicó la Embajada de Alemania en Nicaragua, a través de sus redes sociales.
El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Bundscherer, junto a sus colegas de Francia, Brieuc Pont; de Italia, Simone De Santi; y una representante de la delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, se despidieron del encargado de negocios del Vaticano en Managua, monseñor Marcel Diouf, «antes de su salida del país».
Según el portal nicaragüense Confidencial, Diouf salió de Nicaragua la tarde del viernes vía terrestre con destino a Costa Rica, en donde se encuentra. El medio, que cita fuentes diplomáticas en Roma, informó que la sede de la Nunciatura en Managua quedó bajo resguardo del Gobierno de Italia, a través de su embajada en Managua.
Fuentes vaticanas explicaron que Nicaragua efectuó una petición a la Santa Sede para el cierre de las sedes diplomáticas respectivas, aunque no existe aún una ruptura de las relaciones diplomáticas. La petición ha sido para el cierre tanto de la Nunciatura, representación vaticana en el país centroamericano como de la embajada nicaragüense ante la Santa Sede, especificaron.
Nicaragua no tiene un embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, y sólo cuenta con una ministra consejera para las gestiones. Asimismo, en marzo del año pasado, el Gobierno también expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
