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Juez bloquea ejecución de condenado con enfermedad mental en EE. UU.
Un hombre con esquizofrenia aguda y condenado a muerte por el asesinato de sus exsuegros en Texas en 1992 no puede ser ejecutado a causa de su enfermedad, dictaminó un tribunal federal de este estado estadounidense, tras 20 años de debate.
Scott Panetti, de 65 años, fue condenado a muerte en 1995 por disparar contra los padres de su exesposa.
«Es indiscutible que Panetti padece una enfermedad mental grave y sufre esquizofrenia crónica desde hace más de cuarenta años», dijo el juez de Austin, capital de Texas, Robert Pitman, después de tres días de audiencia.
«La enfermedad mental de Panetti le impide comprender racionalmente las razones del Estado para ejecutarlo», explicó Pitman.
«Su ejecución violaría la prohibición de la Octava Enmienda (a la Constitución) de todo castigo cruel e inusual», añadió citando la jurisprudencia establecida en 1986 por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esta decisión «impide al estado de Texas vengarse de una persona que sufre una forma profunda y grave de esquizofrenia que le hace percibir el mundo que le rodea de forma distorsionada», afirmó su abogado, Gregory Wiercioch, en un comunicado.
En septiembre de 1992, vestido de camuflaje, Panetti irrumpió en la casa de los padres de su exesposa y los mató a tiros. Tomó como rehenes a su esposa y a su hija de tres años durante la noche antes de entregarse a la policía.
Panetti había sido hospitalizado más de una docena de veces antes de los asesinatos por alucinaciones y episodios psicóticos.
Su larga batalla para evitar la ejecución obtuvo el apoyo de personas como la organización de defensa Mental Health America, psiquiatras, exjueces, fiscales y grupos religiosos.
El caso también despertó el interés de la Unión Europea, que instó a las autoridades de Texas a conceder el indulto a Panetti.
En el juicio, Panetti vistió un traje de vaquero color bordó e intentó llamar como testigos al Papa Juan Pablo II, a John F. Kennedy y a Jesús.
Aunque los estados individuales de Estados Unidos deciden si implementan la pena de muerte, en 1986 la Corte Suprema prohibió la ejecución de enfermos mentales.
Este año ha habido 18 ejecuciones en Estados Unidos.
Dos policías murieron y un tercero resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural en Porepunkah, localidad ubicada entre Melbourne y Canberra, Australia, informaron las autoridades.
El comisario de Policía de Victoria, Mike Bush, señaló que el sospechoso continúa prófugo, está fuertemente armado y representa un peligro para la comunidad. “Se enfrentaron al atacante y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush.
Las víctimas fueron identificadas como un detective de 59 años y un agente de 35. El oficial herido fue sometido a cirugía y su estado de salud no representa riesgo de vida.
El tiroteo ocurrió cuando diez policías ingresaron a la propiedad rural para ejecutar una orden de búsqueda. Según las autoridades, el atacante logró escapar entre los arbustos, dejando atrás a su esposa y dos hijos.
Se recomendó a la población de Porepunkah permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, mientras la policía intensifica la búsqueda del sospechoso. “Nuestra prioridad es arrestarlo para que responda por sus acciones y garantizar la seguridad de la comunidad”, añadió Bush.
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Motín en cárcel juvenil de Guatemala deja empleados como rehenes por traslado de líderes de pandillas
Internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil en la capital de Guatemala tomaron este lunes como rehenes a tres empleados del centro, en un nuevo motín atribuido a represalias por el traslado de líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.
El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 cabecillas de estas pandillas, quienes permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares. Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles del país, en los que se han tomado guardias como rehenes, aunque fueron liberados sin incidentes mayores; en agosto, un vigilante murió durante una revuelta en la cárcel El Boquerón.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó la toma de rehenes y aseguró que la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Gobernación trabajan para resolver la situación. “Los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a los cabecillas de las dos principales pandillas del país”, indicó el mandatario.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y ciudadanos, y también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros desde 2022 bajo un régimen de excepción, criticado por organizaciones de derechos humanos.
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“Mayo” Zambada se declara culpable de narcotráfico en EE. UU. y enfrenta cadena perpetua
Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante un tribunal federal de Nueva York, decisión que le permitirá evitar un juicio pero que podría condenarlo a pasar el resto de su vida en prisión.
Zambada, de 75 años, aceptó los cargos de empresa criminal continuada y conspiración para lavar dinero, cometer asesinatos, secuestros y traficar drogas. Durante la audiencia, reconoció haber enviado más de 1,500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como haber pagado sobornos a autoridades mexicanas.
El narcotraficante deberá pagar además una multa de 15,000 millones de dólares. La sentencia fue fijada para el 13 de enero de 2026, y el juez Brian Cogan adelantó que el principal cargo en su contra es castigado con cadena perpetua.
En su declaración, Zambada pidió perdón a las víctimas de la violencia generada por el cártel y llamó a la población de Sinaloa a mantener la calma y evitar la violencia en medio de la disputa con los herederos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
La fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte en su caso. Por su parte, la defensa aclaró que no existe ningún acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos.
La resolución judicial marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones contra los líderes históricos del cártel de Sinaloa, tras la condena a cadena perpetua del “Chapo” Guzmán en 2018.
