La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.

«Prisionero de guerra»

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Un juez de instrucción francés investigará al eurodiputado de extrema derecha Fabrice Leggeri, exjefe de la agencia europea de control fronterizo, tras una denuncia por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, anunció el martes a la AFP una fuente judicial.

Leggeri dirigió entre enero de 2015 y abril de 2022 la agencia Frontex, responsable del control de fronteras de la Unión Europea.

En 2024, se había incorporado al Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) como número tres de su lista para las elecciones europeas.

Como director de Frontex, fue acusado regularmente por las ONG de tolerar devoluciones ilegales de migrantes, erigiéndose en un defensor de la impermeabilidad de las fronteras europeas.

La Liga de los Derechos Humanos lo acusó en particular de haber «alentado» a sus agentes a facilitar las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por parte de las autoridades libias y griegas, según la denuncia presentada en 2024 de la que tuvo conocimiento la AFP.

También se le reprocha haber «optado por una política destinada a impedir, fuera cual fuera el precio —en vidas humanas especialmente—, la entrada de personas migrantes en la UE».

Después de un trámite procesal de dos años, el Tribunal de Apelación de París decidió el 18 de marzo abrir una investigación, según la fuente judicial.

«El señor Leggeri no estaba informado de estos avances y, por tanto, no tiene comentarios que hacer en esta fase», indicó a la AFP una fuente de su entorno.

«Por primera vez, uno o varios jueces de instrucción franceses van a examinar las condiciones de la eventual responsabilidad penal de Fabrice Leggeri en la hecatombe que ha causado miles de muertos en el Mediterráneo, en particular niños y mujeres», celebró por su parte el martes el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.

Unos 82,000 migrantes han muerto o desaparecido desde 2014, principalmente en el Mediterráneo (34,000), la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una cifra subestimada, según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (Manul) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en un reciente informe señalaron las «graves violaciones» sufridas por las personas migrantes «detenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales y no oficiales» en Libia.

El nuevo gobierno de Chile anunció el lunes un aumento histórico de casi medio dólar por litro en los combustibles, tras hacer un severo ajuste en un mecanismo estatal que amortigua la volatilidad de los precios internacionales.

Chile depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo, cuyo valor en las últimas semanas registró un fuerte incremento de 70 dólares a 110 por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.

La administración del ultraderechista José Antonio Kast, quien promete una reducción del déficit fiscal, asegura que el mecanismo de control le cuesta al Estado unos 140 millones de dólares semanales debido al actual contexto internacional.

Los nuevos precios empezarán a regir el jueves. La gasolina pasará de costar unos 1.3 dólares por litro a 1.7, mientras que el diésel se revalorizará de 1 dólar a también 1.7.

La medida se hace «para ajustar los precios internos hacia niveles consistentes con los precios internacionales», dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

«Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas», señaló Jorge Quiroz, ministro de esa cartera, citado por el comunicado.

Tras el anuncio se generaron largas filas en algunas gasolineras de la capital Santiago, constató la AFP.

«Para el ciudadano común es un alza sin precedentes al precio de la gasolina y diésel», dijo a la AFP el economista Juan Ortiz, profesor de la Universidad Diego Portales.

La inflación «será mayor como resultado de este aumento del precio de los combustibles. El mayor impacto se verá en abril», apuntó.

Para mitigar la subida del costo de vida de los chilenos, el gobierno anunció medidas como el congelamiento de la tarifa del transporte público y un bono de 110 dólares mensual para los taxistas por medio año.

La nueva administración busca reducir el déficit fiscal que reportó el país en 2025, de 3.6 % del PIB, que el gobierno anterior del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) atribuyó a ingresos menores a los previstos.

Kast, que asumió el poder hace dos semanas, ordenó la disminución de un 3 % en los gastos de los ministerios para ahorrar unos 3,000 millones de dólares en 2026.

El mandatario busca una reducción de 6,000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, equivalente al 2 % del PIB.