Internacionales
Detienen a más de 1,000 venezolanos tras protestas
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles sobre la detención de 1,062 personas por «actitudes fascinerosas», mientras que el presidente Nicolás Maduro pidió cárcel para los líderes opositores.
Entre los cargos que enfrentan están «incitación al odio» y «terrorismo», este delito implica la pena máxima en Venezuela, 30 años de cárcel.
«No va a haber clemencia, va a haber justicia», dijo Saab, de línea chavista.
Luis Armando Betancourt, coordinador de la organización Foro Penal en Carabobo, indicó que los detenidos «no han podido tener acceso con sus familiares, ni abogados, y se les está vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa».
Muchos son trasladados «a sitios militares, lo cual es completamente ilegal e inconstitucional», denunció.
La angustia por el destino incierto de los arrestados se mezcla con la tristeza que inunda a quienes han perdido seres queridos por la represión.
«Me decepciona mucho lo que ha sucedido porque una frase muy popular que ha dicho nuestro libertador Simón Bolívar es Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo», comentó Adonis Alvarado, familia de Víctor Bustos, uno de los al menos 16 civiles muertos tras salir a protestar por la cuestionada reelección de Maduro.
«Y eso fue lo que sucedió. Levantaron las armas contra el pueblo y resultó mi primo siendo asesinado en el acto», agregó.
«Le arrebataron su vida injustamente, no era ninguna mala persona, ningún malandro (delincuente), él solo salió…», lamentó Jennifer Ibarra, prima de Bustos, sin poder completar la frase.
Francisco Bueno, también primo de este trabajador de 35 años que se desplomó al ser baleado, comentó que «supuestamente fue a manos de la policía» de Valencia, en el estado de Carabobo (centro-norte), gobernado por el chavismo. Ellos eran los «que estaban disparando, no estaban disparando con perdigones, sino balas de las reales, pues, y fue uno de mis primos quien cayó en esta oportunidad», afirmó.
Por otra parte, el presidente Maduro pidió prisión para líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
