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Asesinan a dos enfermeras y a una empleada del seguro social tras ser torturadas en una vivienda

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En el municipio de Torreón en el estado de Coahuila, al norte de México, tres hermanas, dos de ellas enfermeras y la otra secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron asesinadas y torturadas en una vivienda que se convirtió en testigo mudo de la aterrador crimen.

El hallazgo de los cuerpos, que presentaban signos de violencia, se registró en plena madrugada.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los cadáveres de las tres fueron encontrados en el interior de un domicilio de la calle Quinta, en la colonia Compresora, de Torreón.

“Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de tres personas del sexo femenino, sin signos vitales, en estado de descomposición y que de acuerdo a los primeros indicios habrían muerto por estrangulamiento“, se informó mediante un comunicado.

“De acuerdo también a las primeras indagatorias, fueron identificadas como Cecilia N, de 48 años; Araceli N, de 59 años, y Dora N de 56 años, quienes eran hermanas y se desempeñaban en el sector federal de salud“, señala el mensaje a medios.

Los tres cuerpos se encontraban atados de manos y pies, dos estaban en la planta baja del domicilio y otro en la parte alta, sobre una cama.

Las autoridades señalaron que se espera los resultados de la necropsia y que la Fiscalía General del Estado inició una investigación por estos hechos.

Ante lo ocurrido el director del IMSS, Zoé Robledo, lamentó los asesinatos y envió condolencias a las familias de las víctimas.

Por este crimen fueron detenidos dos sujetos  identificados como Luis “NN” enfermero de la clínica 16 del IMSS y compañero de trabajo de las enfermeras, mientras que el segundo era su amigo y labora como machetero que labora en el Mercado de Abastos de Torreón.

Se descartó como delito el ejercicio profesional de las mujeres, debido a que se investiga un probable robo.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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