Internacionales
Asesinan a dos enfermeras y a una empleada del seguro social tras ser torturadas en una vivienda
En el municipio de Torreón en el estado de Coahuila, al norte de México, tres hermanas, dos de ellas enfermeras y la otra secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron asesinadas y torturadas en una vivienda que se convirtió en testigo mudo de la aterrador crimen.
El hallazgo de los cuerpos, que presentaban signos de violencia, se registró en plena madrugada.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los cadáveres de las tres fueron encontrados en el interior de un domicilio de la calle Quinta, en la colonia Compresora, de Torreón.
“Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de tres personas del sexo femenino, sin signos vitales, en estado de descomposición y que de acuerdo a los primeros indicios habrían muerto por estrangulamiento“, se informó mediante un comunicado.
“De acuerdo también a las primeras indagatorias, fueron identificadas como Cecilia N, de 48 años; Araceli N, de 59 años, y Dora N de 56 años, quienes eran hermanas y se desempeñaban en el sector federal de salud“, señala el mensaje a medios.
Los tres cuerpos se encontraban atados de manos y pies, dos estaban en la planta baja del domicilio y otro en la parte alta, sobre una cama.
Las autoridades señalaron que se espera los resultados de la necropsia y que la Fiscalía General del Estado inició una investigación por estos hechos.
Ante lo ocurrido el director del IMSS, Zoé Robledo, lamentó los asesinatos y envió condolencias a las familias de las víctimas.
Por este crimen fueron detenidos dos sujetos identificados como Luis “NN” enfermero de la clínica 16 del IMSS y compañero de trabajo de las enfermeras, mientras que el segundo era su amigo y labora como machetero que labora en el Mercado de Abastos de Torreón.
Se descartó como delito el ejercicio profesional de las mujeres, debido a que se investiga un probable robo.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
