Judicial
Sentencia contra Funes y Munguía Payés por tregua entre pandillas se conocerá en junio
Este viernes finalizó el juicio en contra del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia David Munguía Payés, acusados de negociaciones con las pandillas en el llamado «caso tregua», y el juez emitirá sentencia el próximo 9 de junio a las 10 de la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenas de 16 años para Funes y 20 para Munguía Payés; por supuestamente haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas, excediéndose en sus facultades como funcionarios y no hacer nada para detener las ilegalidades durante la tregua entre pandilleros.
La Fiscalía pidió las penas máximas, debido a que al momento de cometer cada acción ambos eran funcionarios públicos.
Para Funes el ministerio público pidió una condena de ocho años por agrupaciones ilícitas y similar cantidad de años por incumplimiento de deberes.
Respecto a Munguía Payés, la Fiscalía ha pedido una condena de 20 años: ocho por agrupaciones ilícitas, cuatro por actos arbitrarios y ocho por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores solicitaron una exoneración y en el caso de una condena, desde el principio plantearon al juez que el delito de agrupaciones ilícitas absorba los actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
En los alegatos de cierre, el ministerio público sostuvo que Munguía Payés, incurrió en actos arbitrarios ya que vulneró la Constitución y la Ley Penitenciaria al ordenar los traslados de los cabecillas de las pandillas, pese a que no era su facultad, sino que es una potestad que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, además violó los protocolos de seguridad de las cárceles permitiendo ingreso de ilícitos.
Y el incumplimiento de deberes los dos funcionarios lo cometieron porque tenían la facultad de velar por el ordenamiento jurídico y al tener un dominio funcional, permitieron un quebranto continuado en los centros penales y de la seguridad pública, según la Fiscalía. De los hechos cometidos por las pandillas, los imputados sabían de los delitos que estaban registrándose, pero omitieron tomar acciones para evitarlo, aseguró la parte acusadora.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
