Judicial
Sentencia contra Funes y Munguía Payés por tregua entre pandillas se conocerá en junio
Este viernes finalizó el juicio en contra del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia David Munguía Payés, acusados de negociaciones con las pandillas en el llamado «caso tregua», y el juez emitirá sentencia el próximo 9 de junio a las 10 de la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenas de 16 años para Funes y 20 para Munguía Payés; por supuestamente haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas, excediéndose en sus facultades como funcionarios y no hacer nada para detener las ilegalidades durante la tregua entre pandilleros.
La Fiscalía pidió las penas máximas, debido a que al momento de cometer cada acción ambos eran funcionarios públicos.
Para Funes el ministerio público pidió una condena de ocho años por agrupaciones ilícitas y similar cantidad de años por incumplimiento de deberes.
Respecto a Munguía Payés, la Fiscalía ha pedido una condena de 20 años: ocho por agrupaciones ilícitas, cuatro por actos arbitrarios y ocho por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores solicitaron una exoneración y en el caso de una condena, desde el principio plantearon al juez que el delito de agrupaciones ilícitas absorba los actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
En los alegatos de cierre, el ministerio público sostuvo que Munguía Payés, incurrió en actos arbitrarios ya que vulneró la Constitución y la Ley Penitenciaria al ordenar los traslados de los cabecillas de las pandillas, pese a que no era su facultad, sino que es una potestad que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, además violó los protocolos de seguridad de las cárceles permitiendo ingreso de ilícitos.
Y el incumplimiento de deberes los dos funcionarios lo cometieron porque tenían la facultad de velar por el ordenamiento jurídico y al tener un dominio funcional, permitieron un quebranto continuado en los centros penales y de la seguridad pública, según la Fiscalía. De los hechos cometidos por las pandillas, los imputados sabían de los delitos que estaban registrándose, pero omitieron tomar acciones para evitarlo, aseguró la parte acusadora.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
