Judicial
Sentencia contra Funes y Munguía Payés por tregua entre pandillas se conocerá en junio
Este viernes finalizó el juicio en contra del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia David Munguía Payés, acusados de negociaciones con las pandillas en el llamado «caso tregua», y el juez emitirá sentencia el próximo 9 de junio a las 10 de la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenas de 16 años para Funes y 20 para Munguía Payés; por supuestamente haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas, excediéndose en sus facultades como funcionarios y no hacer nada para detener las ilegalidades durante la tregua entre pandilleros.
La Fiscalía pidió las penas máximas, debido a que al momento de cometer cada acción ambos eran funcionarios públicos.
Para Funes el ministerio público pidió una condena de ocho años por agrupaciones ilícitas y similar cantidad de años por incumplimiento de deberes.
Respecto a Munguía Payés, la Fiscalía ha pedido una condena de 20 años: ocho por agrupaciones ilícitas, cuatro por actos arbitrarios y ocho por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores solicitaron una exoneración y en el caso de una condena, desde el principio plantearon al juez que el delito de agrupaciones ilícitas absorba los actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
En los alegatos de cierre, el ministerio público sostuvo que Munguía Payés, incurrió en actos arbitrarios ya que vulneró la Constitución y la Ley Penitenciaria al ordenar los traslados de los cabecillas de las pandillas, pese a que no era su facultad, sino que es una potestad que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, además violó los protocolos de seguridad de las cárceles permitiendo ingreso de ilícitos.
Y el incumplimiento de deberes los dos funcionarios lo cometieron porque tenían la facultad de velar por el ordenamiento jurídico y al tener un dominio funcional, permitieron un quebranto continuado en los centros penales y de la seguridad pública, según la Fiscalía. De los hechos cometidos por las pandillas, los imputados sabían de los delitos que estaban registrándose, pero omitieron tomar acciones para evitarlo, aseguró la parte acusadora.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















